El Congreso comenzará a discutir desde el próximo martes, en sesiones extraordinarias, una nueva composición del Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte Suprema estableciera que su actual composición de 13 miembros es «inconstitucional».
La primera propuesta parlamentaria de reforma del Consejo, presentada el 6 de diciembre pasado -diez días antes del fallo de la Corte-, lleva la firma del presidente Alberto Fernández y propone ampliar el organismo a 17 miembros y que la mitad de ellos sean mujeres.
El proyecto del Ejecutivo agrega dos abogados, un juez y un miembro del sector académico y entiende que así se equilibra la relación de fuerza entre los sectores que componen el Consejo.
La iniciativa ingresó por el Senado y todo indica, según fuentes parlamentarias, que el oficialismo cuenta con los votos para otorgar media sanción a la iniciativa y girarla a la Cámara de Diputados.
En la cámara baja la oposición presentó ya varios proyectos que prevén una integración de 20 miembros, como fue hasta la modificación de 2006, 14 integrantes y hasta 7, buscando una representación «equilibrada» de los sectores como dispuso el alto tribunal.
El de más envergadura política es el presentado por el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, que de aprobarse dejaría la integración en 20 miembros, con el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como presidente, y un crecimiento significativo de los jueces, abogados y académicos por sobre los miembros políticos.
Precisamente el consejero y diputado del PRO, Pablo Tonelli, presentó su propio proyecto que deja al Consejo tal como está pero incorpora a un representante de la Corte, «designado por ese tribunal».
Finalmente el exjuez federal y diputado opositor por Formosa, Fernando Carbajal, baja los miembros del organismo a 7: un juez, un abogado, un académico, un representante del pueblo y tres diputados nacionales.
En tanto el Congreso inicia la discusión el martes, el propio Consejo debe adecuarse al fallo de la Corte, esto es cambiar su actual composición, antes de mediados de abril bajo pena de que sus decisiones pierdan validez.
Apenas conocido el fallo a mediados de diciembre, el Consejo inició una ronda de consultas entre los representantes de jueces y abogados para organizar las elecciones de los nuevos miembros.
La Corte dispuso que el Consejo debe volver a la conformación sancionada en 1999, modificada luego en 2006, de 20 miembros y para eso se deben elegir dos abogadas, una jueza y un académico o académica.
Para este trámite, el fallo otorgó un plazo de 120 días que comenzó a correr el 16 de diciembre, cuando el máximo tribunal firmó su decisión.
En ese plazo, que vencerá el 15 de abril próximo, para seguir funcionando el Consejo deberá supervisar la elección de dos abogadas sobre un universo de asistencia de unos 25 mil matriculados en todo el país, según la última elección de consejeros.
Además, los magistrados también deberán elegir a su consejera, en unos comicios más reducidos con una estimación de participación de alrededor de mil jueces de todos los distritos judiciales.
Y finalmente los rectores de las universidades públicas nacionales y provinciales, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tendrán que designar a su representante.
Todas estas condiciones que el Consejo trata de cumplir contrarreloj, podrían quedar abstractas si el Congreso logra consensuar una norma y aprueba una ley antes del 15 de abril.
