Usurpaciones: Nación sigue sin presentarse ante la Justicia por la toma del ex predio del Ejército
El pasado 23 de septiembre un grupo de personas usurpó los terrenos del ex predio del Ejército, que son propiedad del Estado Nacional, pero sus representantes no se presentaron al llamado de la Justicia. El desalojo está parado porque se está en un proceso de negociación, pero si no hay acuerdo la justicia deberá avanzar con la fuerza.
Para el pasado lunes la justicia federal convocó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado en representación de Nación y al Ministerio de Desarrollo Social como parte de la provincia.
Pero a esa reunión solo fue la ministra de la cartera provincial, Silvana Tayara, mientras que por parte del Estado Nacional no se presentó nadie, casi sin darle importancia a la usurpación de un terreno que les corresponde.
Además, según se pudo averiguar, al día de hoy sigue sin haber tomado contacto con la justicia federal como parte afectada por la toma.
“Nos costó muchísimos encontrarlos”, expresaron fuentes de la justicia federal refiriéndose a delegados de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y se animaron a agregar “no cuidan su terreno”.
El pasado 30 de septiembre la agencia inició acciones legales y solicitó a las autoridades provinciales “que tomen cartas en el asunto o realizar las diligencias que correspondiere para poder recuperar las tierras”. Pero a la hora de asistir ante autoridades federales que tienen competencia en el caso, decidieron no acudir.
De todas maneras, en la reunión del lunes desde Desarrollo Social le pidió a la justicia pasar a un cuarto intermedio con el objetivo de avanzar en un relevamiento de los grupos que tomaron el predio.
“Se comprometieron a hacer los seguimientos para determinar la situación de los que se encuentran en el lugar y lograr una desocupación pacífica”, señalaron fuentes.
En ese mismo sentido la jueza federal Zunilda Niremperger expresó que efectivamente la provincia “pidió un cuarto intermedio” y señaló que tras esos estudios “se deberá resolver cómo avanzar, depende cómo terminan las acciones”.
Por ahora el desalojo por la fuerza está en stand by “porque hay una situación de negociación”, pero si no se puede llegar a un acuerdo desde la Justicia Federal anticiparon que no tendrán otro camino que proceder con las fuerzas del estado.
La semana que viene podría haber una definición al respecto, siempre a la espera de que Nación se haga presente para dar intervenir como dueño de los terrenos.
CENSO
En el caso también interviene la Secretaría de Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, quienes tienen diálogo con los delegados de los grupos que usurparon los predios.
Desde ese sector también se le pidió a la jueza Niremperger que se postergue el desalojo para intentar alcanzar un acuerdo. “Apuntamos a un desalojo voluntario y la idea es firmar un acuerdo con la justicia y el gobernador electo”, manifestó Aníbal Ponti, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.
La Secretaría de Derechos Humanos también avanza con un censo de los grupos que se encuentran en el lugar que sirva como “depuración”, ya que quieren conocer quienes verdaderamente necesitan una vivienda y quienes aprovechan la situación para quedarse con un terreno.
“Buscamos una salida pacífica, pero no sabemos si va a ser posible”, dijo Ponti, quien agregó también que esos terrenos no pueden ser habitados ya que son inundables.
Además, dijo también que en el conflicto “hay una contravención de una tierra que es del estado nacional”.
Es por eso que dijo que no sabe cuál será el próximo paso de la justicia y si se decide el desalojo por la fuerza “respetaremos esa decisión”.
Ponti señaló así que trabajó en la situación con la subsecretaria de Memoria, Verdad y Justicia, Gladys Soto, y dijo que “intentamos buscar una salida pacífica” y que si no se logra “quedaremos con la conciencia tranquila, por lo intentamos y no pudimos”.
Fuente: DiarioChaco
