Un jurado popular juzgará a policías del Chaco por torturas seguida de muerte
El lunes 29 de mayo comenzará el juicio oral contra tres policías de la Comisaría Primera de Barranqueras por la muerte en custodia de Sebastián Ponce de León, ocurrida el 10 de febrero de 2019. Es la primera vez en el país que un caso de tortura seguida de muerte será juzgado por un jurado popular. El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco es uno de los querellantes.
Sebastián Ponce de León fue arrestado el 31 de enero de 2019 en Barranqueras en el marco de un confuso episodio. Tras pasar fugazmente por Medicina Legal, fue trasladado en un patrullero hasta el hospital Perrando donde llegó muy golpeado. Los médicos le diagnosticaron una severa falla renal. Murió diez días después. Tenía 35 años.
Por este hecho, tres policías comenzarán a ser juzgados a partir del lunes 29 de mayo: dos de ellos por el delito de torturas seguida de muerte y un tercero por omisión de denunciar el hecho.
Las audiencias se realizarán en el Centro de Estudios Judiciales y el juez técnico será Ernesto Azcona, titular de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia. El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco (CPTCh) tendrá a su cargo la querella, junto a la representante legal de la familia Ponce de León y la Secretaría de Derechos Humanos provincial.
“Va a ser el primer juicio por jurados en un caso de violencia institucional en la provincia del Chaco y el primero del país por delito de torturas seguidas de muerte en democracia, la calificación legal más grave de la violencia ilegal desplegada contra personas detenidas”, explicó el presidente del CPTCh, Kevin Nielsen.
“Después de tres años de una férrea batalla de la familia de Sebastián, con el acompañamiento de las instituciones de Derechos Humanos, se llega a un juicio con mucho material probatorio por medio del cual se comprueba que Sebastián sufrió una fuerte golpiza mientras era trasladado en un móvil policial”, añadió.
Nielsen consideró finalmente que este caso “fue bisagra en la Provincia en lo que hace a la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas cometidas por fuerzas de seguridad, ya que fue a través de la segunda autopsia hecha siguiendo los lineamientos del protocolo de Minnesota que se pudieron descubrir lesiones que habían sido pasadas por alto en la primera”.
