Un fiscal reveló cómo Cambiemos presionaba a magistrados tras la reforma jubilatoria
El fiscal de Seguridad Social, Gabriel De Vedia, detalló con fechas y llamados las presiones que sufrió del jefe de abogados del Estado, Bernardo Saravia Frías, por orden del entonces presidente Mauricio Macri y su operador Pepín Rodríguez, para que oriente su accionar en temas vinculados a la reforma jubiatoria.
Un fiscal que declaró como testigo en la causa en la que se investigan las presiones de la administración Cambiemos sobre magistrados reveló cómo lo contactó el gobierno de Mauricio Macri para intentar alinearlo con los intereses de la Casa Rosada tras la reforma previsional de 2017 (ley 27.426), según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.
La declaración testimonial corresponde al fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia que detalló, con fechas de llamados y reuniones, cómo se le acercó el entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, para llevarle un mensaje de Macri, quien quería evitar que la reforma jubilatoria se trabara por la vía judicial.
La secuencia comenzó en enero de 2018, cuando De Vedia recibió un llamado telefónico de Saravia Frías, que le pidió una reunión y dijo que lo contactaba de parte de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el principal asesor jurídico del expresidente y miembro de la denominada mesa judicial macrista, dato que surge de distintos expedientes que tramitan en los Tribunales Federales de Comodoro Py.
El fiscal accedió a encontrarse con el jefe de los abogados del Estado bajo la creencia de que el llamado estaba vinculado a una presentación que estaba realizando ante el Ciadi “por la estatización de los fondos de las AFJP”, para la cual “le había pedido un informe al Procurador del Tesoro”, según el propio De Vedia contó en una entrevista que le concedió al portal El Cohete a la Luna el 28 de marzo pasado.
Pero el motivo del llamado, según supo el día de la reunión, fue otro: Saravia Frías le transmitió la “preocupación” del entonces presidente Macri sobre su criterio como fiscal federal de la Seguridad Social -De Vedia iba a estar de turno durante la feria judicial de enero- en el caso de que se presentaran amparos y planteos de inconstitucionalidad contra la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Los detalles del llamado y del encuentro quedaron plasmados en la declaración testimonial que De Vedia brindó por escrito -puede hacerlo así por su calidad de fiscal- ante su colega federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación de la causa identificada por el nombre de “Mesa Judicial”.
Esta agencia pudo reconstruir, además, que en el diálogo introductorio de aquella manifestación de “preocupación”, el entonces Procurador del Tesoro le hizo saber a De Vedia que tenía presente que estaba concursando para acceder al cargo de juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.
No le hizo falta decirlo, pero cualquier magistrado sabe que para poder acceder a un cargo de juez no alcanza con obtener el mejor puntaje en el concurso al que convoca el Consejo de la Magistratura, ya que ese órgano designa una terna, que luego pasa por el filtro del Poder Ejecutivo, que de los tres elige a un candidato, aunque la palabra final la tiene el Senado que debe otorgar su acuerdo.
La presión, de todas formas, no dio resultado y el fiscal De Vedia promovió las medidas cautelares contra la Ley de Movilidad jubilatoria cuando consideró que correspondía y avanzó, también, con los planteos de inconstitucionalidad que fueron presentados contra aquella reforma.
Saravia Frías fue designado como jefe del equipo de abogados del Estado en abril de 2017 y accedió al cargo con el respaldo político del dirigente radical Ernesto Sanz y con un currículum robustecido por haber integrado el estudio jurídico que llevaba su apellido y tenía entre sus clientes al Grupo Macri.
Reemplazó en ese cargo al juez experto en Derecho Administrativo Carlos Balbín que, según fuentes vinculadas a Cambiemos, fue eyectado de su cargo por sus posturas “inconvenientes” y protectoras de las arcas del Estado ante reclamos judiciales e internacionales formulados por empresas del Grupo Macri -como el Correo Argentino- u otras vinculadas -como las involucradas en la causa Peajes-.
En la misma declaración testimonial, el fiscal De Vedia confirmó sus propias declaraciones periodísticas en las que dijo que en 2017 le había planteado a “Pepín” Rodríguez Simón que debía finalizar la “persecución” contra la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y que este le dijo que para eso hacía falta que la mujer presentara su renuncia al cargo.
Saravia Frías y “Pepín” Rodríguez Simón -hoy recluido en Uruguay- son dos de los imputados de la causa que tramita ante el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti, en la que se investigan las maniobras desplegadas por el Gobierno de Macri para influir sobre jueces y fiscales que podían resultar estorbos para los objetivos del Ejecutivo de entonces.
Entre los imputados también están el propio expresidente, el exjefe de Gabinete, Marcos Peña; el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas; el exsecretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el exministro de Justicia Germán Garavano; el exjefe de asesores de Macri, José Torello; y hasta el expresidente de Boca, Daniel Angelici.
Cómo se inició la causa
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada “Mesa Judicial” durante el anterior Gobierno e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial).
Según dijo, Mahiques le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso.
El avance de la investigación permitió encontrar al menos un patrón de conducta de aquella Mesa Judicial: visitaban a magistrados que intervenían en temas de interés para el gobierno y denunciaban ante el Consejo de la Magistratura o la Procuración General de la Nación a aquellos que tomaban decisiones que podían afectar los intereses de la gestión de Cambiemos o de alguno de sus integrantes.
