Tras 97 años, Fiscalía chaqueña impulsa juicio de la verdad por la masacre de Napalpí
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia impulsa ante los Tribunales Federales de esa provincia la realización de un juicio por la verdad tras finalizar la investigación de la masacre de Napalpí, ocurrida en julio de 1924, sobre la cual se recolectaron testimonios de sobrevivientes y documentos históricos que permitieron establecer que se trató de un delito de lesa humanidad.
La Masacre de Nalpalpí tuvo lugar el 19 de julio de 1924, durante la presidencia del radical Marcelo T. De Alvear, cuando una formación de 130 policías, gendarmes y grupos de paramilitares reprimieron con armas de fuego las protestas de integrantes de los pueblos Qom y Mocoi que formaban una comunidad en el paraje El Aguará, en los departamentos Quitilipi y 25 de Mayo, en la zona central del Chaco.
La orden dada por el gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, pasó por acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que residían en las inmediaciones y que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón, como también poder salir a trabajar hacia los ingenios de Salta y Jujuy, donde se ofrecía una mejor paga. «Después de llevar a cabo una larga investigación concluimos que estábamos ante un delito de lesa humanidad y que había que realizar una sentencia histórica para las víctimas de esta masacre», subrayó en declaraciones a Télam el fiscal Diego Vigay, integrante de la Unidad Fiscal de DDHH que en 2014 inició una investigación sobre esos hechos.
Los fiscales
Imagen de archivo
Vigay y los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini presentaron hace poco menos de dos semanas un pedido ante el Juzgado Federal N° 1 de Chaco para que se realice este proceso. Los acusadores consideran que los hechos investigados constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que la masacre debe tener un juzgamiento en función de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino.
«Los posibles imputados están muertos, no pueden ser juzgados, pero el Estado tiene la obligación de llegar a una verdad histórica. Eso fundamenta la necesidad de este juicio», fundamentó Vigay. Según la información recabada por historiadores, sumada al expediente por la Unidad Fiscal, se estima que durante 45 minutos la policía tiró más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí.
Se estima que hubo más de 400 muertos entre integrantes de comunidades originarias y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque el 90 por ciento de todos los asesinados pertenecían a las etnias Qom y Mocoi. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza aunque muchos de ellos terminaron reducidos a la servidumbre en los poblados de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió, y tan solo 15 adultos lograron sobrevivir. Entre esos testimonios de los supervivientes se encuentran los de Pedro Balquinta y Rosa Grillo, quien tiene más de 100 años y en la actualidad es la única persona viva que presenció aquel genocidio.
La idea del juicio de la verdad planteada por estos funcionarios del Ministerio Público Fiscal remite a los procesos de este tipo que se llevaron a cabo a fines de ’90 y principios del 2000, con el propósito de recabar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Esos juicios se realizaron cuando estaban vigentes las leyes de impunidad del Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos presidenciales a los genocidas de la última dictadura que dictó Carlos Saúl Menem.
«Los juicios de la verdad en esos años los hicieron juzgados de instrucción y tribunales orales», recordó Vigay en diálogo con esta agencia, y luego planteó que con el proceso a iniciarse por los hechos de Napalpí se pretende que el juicio «tenga una difusión amplia que colabore con el establecimiento de una verdad histórica». «Los testimonios de los sobrevivientes que llegaron a declarar están grabados y no hará falta que Rosa sea llevada a un Tribunal. Durante estos años también recabamos información de parte de hijos y nietos, que hablan del caso en primera persona del plural. Es un caso muy interesante de transmisión oral, que muestra que las comunidades aún siguen padeciendo este genocidio», añadió Vigay.
Para desarrollar el eventual juicio, la Fiscalía piensa citar a historiadores, presentar documentación, presentar testigos de contexto y tomar las declaraciones de quienes realizan indagaciones en el campo, como los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que trabajaron para esta investigación.
«Fuimos a trabajar en la zona en 2018, por impulso del historiador Juan Chico -recientemente fallecido-, la Fundación Napalpí y convocados por la Fiscalía. Visitamos los sitios, hicimos señalamientos y obtuvimos información sobre la existencia de restos humanos en fosas comunes», relató a Télam Silvia Turner, integrante del EAAF. Y sobre el relevamiento realizado en el lugar de la masacre, agregó: «Estamos en la etapa de agostar los puntos de búsqueda. Lamentablemente, la pandemia interrumpió el trabajo que veníamos haciendo y esperamos reanudarlo este año».
Turner contó que en 2019 se lograron identificar restos de una víctima, enterrada a poca profundidad en el terreno de una vivienda que fue escenario de la masacre ocurrida en 1924. «La identificación que hacemos es colectiva y es la que nos permite ratificar que se produjo una masacre. La etapa que sigue es rastrear la zona con geolocalizadores, analizar las irregularidades en las capas geológicas y comenzar las búsquedas de fosas comunes», indicó.
Como prueba del contexto histórico, los fiscales mencionaron también una investigación sobre la Masacre del Zapallar contra población indígena, ocurrida en 1933 en la provincia de Chaco, y que cuenta con datos aportados por el investigador Rubén Gillon.
En su investigación, la Fiscalía encontró entre los principales responsables de los hechos al entonces presidente Alvear, a su ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo; al gobernador interventor de Chaco, Fernando Centeno, y al administrador de la reducción Napalpí (zona en la que una comunidad aborigen era confinada por el Estado), Mario Arigó, entre otros autores materiales e intelectuales. «Creemos que este año podremos tener una decisión del Juzgado para que este juicio de la verdad pueda realizarse», concluyó Vigay en diálogo con esta agencia.
