En junio, los controles y congelamientos mantuvieron las subas relativamente controladas. Ahora, la Secretaría de Comercio prorrogó por 60 el programa de Precios Máximos, clave en la desaceleración. En el largo plazo, se descuentan presiones sobre el dólar y la inflación.
La Secretaría de Comercio volvió a prorrogar, esta vez por 60 días, el programa Precios Máximos, que obliga a toda la cadena productiva a sostener los valores vigentes al 6 de marzo para 304 productos esenciales, entre los que aparecen alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, destaca Bae Negocios.
Hasta acá, la medida fue clave, junto con la megarecesión y la regulación del precio del dólar y las tarifas, para explicar la desaceleración inflacionaria en general y, en particular, la de los alimentos. Si bien se esperaba que junio fuera el comienzo de la aceleración de precios, el mes habría vuelto a terminar por debajo del 2%.
La aceleración que se inició a fines de mayo y principios de junio encendió algunas alarmas. Las primeras proyecciones del mes auguraban una inflación ya bastante por encima del 2%. Hacia la segunda semana del mes las mediciones privadas comenzaron a registrar que esa dinámica se había detenido y bajaron sus proyecciones, en forma casi unánime, por debajo del 2%. En ese sentido, con el mes cerrado, la consultora Seido señaló que la inflación de junio fue de 1,7%.
Además, señaló que “comenzó a desacelerarse” nuevamente. El informe destacó: “Consideramos que la inflación a corto plazo debería continuar moderada debido a estrictos controles, los precios congelados y los efectos inducidos por el confinamiento. Sin embargo, a largo plazo, la dinámica de la inflación podría cambiar si los desequilibrios macro fuerzan una corrección de la tasa de cambio oficial”.
Para ese corto plazo, la clave son el cepo al dólar, que va permitiendo un lento deslizamiento cambiario, el congelamiento de las tarifas, las paritarias en suspenso, con recortes salariales nominales incluídos, y los Precios Máximos, que continuarán rigiendo por 60 días más.
La medida regulatoria, que ahora tendrá vigencia hasta el 30 de agosto, fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 200/20. El texto, firmado por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, afirma que la norma busca “garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, resultando un interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene individual y colectiva”.
Hasta acá, el programa tuvo un buen desempeño. El 2020 arrancó con una dinámica muy fuerte para los alimentos, con una suba de 4,7% en enero, que se explicó principalmente por el fin de la quita del IVA vendedor a los esenciales. En febrero desaceleró a 2,7% pero en marzo, a la luz de la crisis sanitaria, volvió a marcar subas y el aumento generalizado fue de 3,9%.
En abril hubo una primera mínima desaceleración hasta 3,2% para los alimentos, según el IPC Nacional. Desde el CEPA, en ese entonces, afirmaron que en abril la retracción de precios al 6 de marzo a la que apuntó la norma mostró “precios contenidos en las grandes cadenas de comercialización, a la par de mayor dispersión de precios en los comercios de cercanía”.
Luego, en mayo, la desaceleración fue notoria y los alimentos marcaron una suba de apenas 0,7%. En ese mismo mes, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) llegó a marcar una deflación de 0,1%. En paralelo, la inflación total se mantuvo a raya, con dos subas consecutivas de 1,5% en abril y mayo. Que ahora encontraría un correlato en un junio que permanecerá por debajo del 2%.
El viernes, el BCRA publicará el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que mostrará la inflación esperada a mediano plazo por las consultoras. Ahí se verá si el nuevo round de calma inflacionaria comenzó a impactar en las perspectivas de la dinámica 2020, que en mayo marcó una proyección de 42,3% para la totalidad del año. Si la inflación de junio es de 1,7%, el acumulado del primer semestre será de 12,9%. Para llegar a un IPC de 42,3%, la inflación mensual promedio deberá estar por encima del 4% durante el segundos semestre. Y eso con congelamiento tarifario, cepo y paritarias que recién arrancarían a fin de año.
Más allá de la posibilidad de que esas proyecciones sean exageradas, lo que se descuenta es que en el rebote productivo, tras el desplome de un cuarto del PBI entre marzo y abril, habrá aceleración de precios. El crecimiento acelerado, por encima del 90% de los agregados monetarios como el m2, que por ahora es compensado con una circulación de dinero baja, a causa de las restricciones de la cuarentena, ejercerá algunas presiones sobre el mercado cambiario paralelo.
