Sigue el escándalo libertario: Arrieta filtró controversiales proyectos de diputados de La Libertad Avanza
La diputada filtró una serie de proyectos y un decreto presidencial en el que estarían trabajando legisladores libertarios.
La diputada Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza (LLA), desató una tormenta política al filtrar una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial que legisladores libertarios estaban preparando para obtener la libertad de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad.
La revelación, que incluye detalles sobre la organización de visitas a exmilitares condenados en el Penal de Ezeiza, ha generado una fuerte controversia dentro y fuera del espacio político liderado por Javier Milei.
CHATS REVELADORES Y PROYECTOS CONTROVERSIALES
El domingo pasado, Arrieta hizo públicos chats en los que expone a sus compañeros de bancada en plena organización de la visita a exmilitares condenados. En su cuenta de X (anteriormente Twitter), la legisladora agregó: «Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas».
Uno de los documentos más polémicos es el proyecto de ley denominado «Plazo Razonable», que busca liberar a aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar de 1976, que aún permanezcan detenidos tras un plazo de 20 años desde la comisión del delito.
El borrador establece la incorporación del inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, indicando que «transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo», el acusado debería ser liberado.
UN DECRETO PRESIDENCIAL EN LA MIRA
Además de los proyectos legislativos, Arrieta reveló un decreto que los legisladores libertarios pretendían que fuera aprobado por el presidente Javier Milei. El decreto, que contó con la asesoría del sacerdote Javier Olivera Ravasi y un grupo de abogados, tenía como objetivo garantizar la libertad de exmilitares que permanecieran presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito.
El primer artículo del decreto sostiene que, «con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable», se fija en 25 años el plazo máximo de duración de un proceso penal, incluyendo aquellos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme. Asimismo, el decreto indica que este plazo comenzaría a contarse desde la comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuera menor, y solo se suspendería en caso de una interrupción de la vida democrática en la nación.
Tras la difusión de estos documentos, Arrieta se apresuró a aclarar que estas propuestas no forman parte de «la agenda del presidente Javier Milei» y que no reflejan «los ideales de la libertad» que supuestamente defiende el partido. «No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei», declaró la diputada, subrayando que los proyectos filtrados no contaban con el apoyo del líder libertario.
