Un intendente salteño avaló que saquen de su localidad los caños que ya estaban colocados como parte del gasoducto del NEA, obra fundamental para Chaco entre otras provincias. Terminaron siendo vendidos en el mercado negro.
En el programa del último domingo del periodista Jorge Lanata, Periodismo Para Todos Box, se expuso la grave situación que ocurrió en la localidad Aguaray, en Salta, ubicada a unos 400 kilómetros de la capital y por la que se llega luego de atravesar rutas y caminos de tierra.
Lanata aseveró que “se afanaron 35 km de un gasoducto fundamental para Argentina, el gasoducto del NEA, necesario para que muchos de los que están mirando tengan gas natural. Se supone que las rutas estaban cerradas, ellos pasaron igual con los caños”.
Cabe recordar que la obra del gasoducto del NEA comenzó en el 2012 y se planea que beneficie a unos 3,5 millones de argentinos de las provincias Salta, Formosa Chaco, Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe, que con la obra consumada ya no necesitarían de garrafas.
La localidad es gobernada por Jorge Prado, intendente del PJ, que fue quien brindó los instrumentos para que se pueda llevar adelante la quita de los caños.
Es que a través de la resolución 1215/19 firmada por el intendente, se estableció que “esos caños estaban en desuso y provocaban un grave daño ambiental, razón por la cual correspondía un trabajo de remediación”.
En el informe periodístico agregaron que luego de ese instrumento legal, el municipio “le otorgó a la empresa mandolina OSYP el desarme, trasladó y remediación ambiental del terreno contaminado” y agregó que dicha firma no contaba con “ningún antecedente en el rubro ni contratos en la provincia”, pero de igual manera llevó adelante el desentierro de 35 kilómetros de caño.
Por su parte, el periodista del periódico salteño El Tribuno, Antonio Oieni, explicó que “los caños están valuados en 5 mil dólares cada uno, el intendente Prado le regaló 35 kilómetros de gasoducto -a la empresa mendocina-, estamos hablando de una suma aproximada de 13 millones de dólares”.
Oieni consideró que la del gasoducto del NEA “es la obra de interconexión energética más cara de la historia del país” y recordó que “estaba valuada en 1283 millones de dólares, terminó costando hasta hoy 2156 millones de dólares, de los cuales ya 2000 millones se pagaron”.
Pero lo cierto es no terminó allí. Los caños tuvieron tomaron diversos caminos y algunos terminaron en Quilmes, en manos de la empresa Co-Marfil, siempre según lo relatado por el informe de PPT. Esa empresa fue “allanada hace unas pocas semanas, se hallaron 52 caños con el número de serie limados, pero hubo más de 80 caños que llegaron, pero cuando llegó la justicia muchos ya habían sido revendidos”.
“Fueron revendidos en el mercado negro a través de las redes sociales. Hay algunas investigaciones pendientes que hablan del posible destino de algunos caños que llegaron a Buenos Aires en Bolivia”, cerró Oieni.
El intendente Prado se encuentra siendo investigado por la justicia federal y fue imputado por fraude a la administración pública al igual que el titular de OSYP, Diego Alos. Por su parte, el presidente de Co-Marfil fue imputado por robo agravado y fraude a la administración pública por haberse encontrado en su empresa varios caños sin documentación.
