El Gobierno de Resistencia mantiene firme su postura de garantizar los derechos a la libre circulación vial en la ciudad, y este martes sumó nuevas presentaciones ante la Fiscalía y el Juzgado de Faltas Municipal por “piquetes”.
Los cargos penales fueron presentados contra los movimientos Militancia Unida; Cooperativa “La Voz de los Olvidados” – cuyos referentes son Mónica Cubilla, Ramón Gutiérrez; Patricia Barrientos y Faustino Giménez-; Movimientos “Rafault” y “Unificado”, encabezado por Rafael Mareo; Autoconvocados, con Ramón Gutiérrez como referente; Organización 25 de Mayo, referente Wilson Moreniega; y Agrupación Luchemos Juntos, con Damián Benítez con persona de referencia.
También fueron denunciados las asociaciones “Las Palmas” y “9 de Octubre”, cuyo referente es Alberto Ríos y los movimiento MTD; y Fundación Innovando Vida, de Damián Benítez, y la fundación Eliezer, con Leonela Ayala al frente, por considerarlos responsables de los hechos ocurridos este martes 27 de diciembre, impidiendo el tránsito del transporte de pasajeros modalidad taxi y remís, trabando y/o entorpeciendo el acceso de los ciudadanos a sus lugares de trabajo, oficinas públicas y entidades bancarias para realizar trámites y/o gestiones, a los comercios.
La presentación judicial se resguarda en el Artículo 194° del Código Penal, y denuncia la organización y ejecución de actos y acciones dirigidos a la obstrucción de la circulación vehicular y peatonal.
La convocatoria fue efectuada por estas organizaciones con la presencia de unas 300 personas que marcharon por distintas calles del microcentro, impidiendo el tránsito del transporte de pasajeros, entorpeciendo el acceso de los ciudadanos a sus lugares de trabajo, a las distintas oficinas públicas y a las entidades bancarias para realizar trámites, dificultando la llegada de personas a los comercios y a los estudiantes a los establecimientos educativos de la zona.
Cabe destacar que a los comerciantes se les ocasiona un grave daño a sus actividades, al verse significativamente disminuida la asistencia de clientes a sus locales y, por ende, afectando sus ingresos y rentabilidad; provocando además una evidente y manifiesta alteración del orden público y de la paz social.
El hecho obstructivo descrito ocasiona por una parte un grave perjuicio e inquietud a los ciudadanos de Resistencia, que necesitan realizar trámites, gestiones y tener acceso a las distintas entidades públicas como ser Casa de Gobierno, Poder Judicial; a los locales comerciales de la zona, el ingreso a establecimientos educativos tal el caso de la Escuela Benjamín Zorrilla y acceso a distintos medios de transporte en sus diversas modalidades: ómnibus urbano e interurbano, taxi, remís, minibuses del servicio interurbano, por lo que surge evidente que quien obstruye una vía pública comete “delito”.
