Piden la exclusión de Gerardo Milman de la Cámara de Diputados de la Nación
Se trata de una decisión en base a su «involucramiento no esclarecido en el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y por sus incompatibles vinculaciones y contratos con empresas de Seguridad».
Las diputadas Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic presentaron un proyecto de resolución para «excluir al diputado nacional Gerardo Milman del seno de la Honorable Cámara de Diputados por inhabilidad moral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la
Constitución Nacional.»
Se trata de una decisión en base a su «involucramiento no esclarecido en el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y por sus incompatibles vinculaciones y contratos con empresas de Seguridad».
Entre los argumentos, plantean que dicho acontecimiento «se encamina hacia la impunidad si es que no hay una toma de conciencia por parte de funcionarios judiciales, políticos y de la sociedad toda de la gravedad a la que asistimos».
Los fundamentos
«La Honorable Cámara de Diputados de la Nación es uno de los pilares fundamentales del sistema republicano de gobierno. Tal como indica el artículo 66° de la Constitución Nacional, nuestra cámara tiene la potestad de corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, removerlos por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, e incluso excluirlo de sus seno. Comprendemos que esta potestad deviene obligación cuando se atestiguan inconductas impropias de un diputado de la Nación, como las que se han revelado sobre el señor Gerardo Fabián Milman. A continuación ponemos a consideración algunos de los hechos que han salido a la luz en tiempos recientes, que creemos sustentan la solicitud de exclusión del diputado por inhabilidad moral.
Para comenzar, es menester indicar que el involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está lejos de ser esclarecido. Por el contrario, consideramos que se encamina hacia la impunidad si es que no hay una toma de conciencia por parte de funcionarios judiciales, políticos y de la sociedad toda de la gravedad a la que asistimos. El 30 de agosto de 2022, el diputado Milman fue oído por un testigo en el bar “Casablanca”, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, diciéndole a dos de sus asesoras que “cuando la maten, voy a estar camino a la costa”. Las investigaciones surgidas en el expediente a cargo de la Jueza Federal María Eugenia Capucchetti indican que en efecto Milman se encontraba ese día con sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, en el bar en cuestión, en el horario indicado; y que durante el atentado se encontraba en la ciudad balnearia de Pinamar, realizando actividades partidarias. Cuando fueron llamadas a declarar, las asesoras del diputado negaron en una primera instancia haber estado en el bar, para luego -al ser confrontadas con evidencia fílmica- reconocer la reunión pero negar haber dialogado sobre el intento de magnicidio. Curiosamente, ambas eliminaron todo el contenido de sus celulares antes de entregarlos a la Justicia.
De forma conexa, Milman presentó dos pedidos de informes (expedientes 4229-D-2022 y 4523-D-2022) ante esta Honorable Cámara, vinculados con la custodia y la seguridad vicepresidencial, el día 18 y el 31 de agosto de 2022. En los fundamentos del proyecto del 18 de agosto, el diputado anticipa un posible atentado: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para
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victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores.”
Un escrito presentado por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, solicitando la recusación de la Jueza María Eugenia Capuchetti, llamó la atención sobre Hernán Carrol, quien fuera ex candidato a concejal en La Matanza. El mismo estuvo en contacto con los autores materiales del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, antes y después del atentado, y fue además nombrado por Montiel como quien debía hacerse cargo de su defensa. Según el escrito, Carrol habría realizado varios viajes al exterior con Ángel Villares, el Jefe de Gabinete de la Dirección de Inteligencia Criminal a cargo de Milman en el Ministerio de Seguridad. Es importante aclarar que estos viajes que no fueron investigados por Capuchetti, cuando solo bastaba con librar un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones.
Por otro lado, el caso de la asesora Carolina Gómez Mónaco ha suscitado también investigaciones por las numerosas irregularidades que allí se encontraron. En el año 2017, tiempos en los que Milman se desempeñaba como Secretario de Seguridad de la Nación, fue designada como Directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito sin ninguna experiencia previa que le otorgara competencias para ejercer semejante rol institucional. Su hermana, Daniela Gómez Mónaco, fue designada Jefa de Administración de la Dirección de Inteligencia Criminal, con acceso a importantes fondos reservados. En simultáneo, en septiembre de ese mismo año, Gomez Mónaco creó con Fernando Daga, otro asesor del diputado Milman, la empresa Salvattore Group, que funcionó presuntamente como vehículo para una serie de emprendimientos comerciales como Luxa Estética y Luxa Models. Esta sociedad fue recientemente intervenida por la Inspección General de Justicia de la Nación por advertir una serie de irregularidades. Entre ellas cabe destacar que fue inscripta en 24 horas; comenzó a operar casi dos años después en junio de 2019, con los dos empleados de Milman como únicos socios; que nunca presentó libros contables, balances ni actas; no tiene cuentas bancarias ni registra ventas; inició con un capital de $17.000 y terminó con saldo negativo a pesar de que la Inspección supone que su facturación anual oscilaba las decenas de millones de pesos; y que el domicilio real no coincidía con el declarado. A su vez, en la misma sede de Luxa Estética se ubicaba Top Studio Obelisco, un emprendimiento que Gómez Mónaco comparte con la periodista María Mroue, en cuyo programa de televisión de Crónica TV hicieron apariciones Sabag Montiel y Uliarte.
Resulta también llamativo que durante el allanamiento al domicilio de Brenda Uliarte se encontró una nota manuscrita en la que se hacía referencia a la Regla Tueller, una doctrina de seguridad que calcula el tiempo que tiene una persona para
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sacar un arma y dispararla sin que se la saquen. Esta doctrina fue traída a la Argentina por Patricia Bullrich cuando Gerardo Milman era su viceministro. Resulta llamativo que una persona como Brenda Uliarte tuviera referencias a cuestiones técnicas tan específicas y novedosas.
Empero, las inconductas del diputado Milman fueron traídas a la atención de esta Honorable Cámara previo a lo develado a partir del atentado del 1 de septiembre. En abril de 2022, la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 55 envió una nota al entonces Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Tomás Massa, en relación con la causa N° 15690/202 caratulada “FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 CABA S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y HURTO AGRAVADO FUERZAS SEGURIDAD ART. 163 BIS DENUNCIANTE: MILMAN, GERARDO FABIAN Y OTROS”, para que se tome conocimiento acerca de la actitud asumida por el diputado Milman a los efectos disciplinarios que estime corresponder. En la noche del 4 de abril de 2022, Milman intercedió ante agentes policiales que retuvieron a María Luz Lanusse Peralta Ramos, asesora del diputado, que conducía un vehículo Peugeot 2008 Sport, propiedad de la empresa Metalúrgica Oliva Hnos. S.A. Lanusse conducía con documentación adulterada, por lo que el vehículo fue secuestrado. Milman intervino en la situación, alegando falsamente que el auto era de su propiedad y que Lanusse era su esposa. No solo eso, sino que esa misma noche inició una denuncia por el delito de hurto agravado y el de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a los funcionarios judiciales que ordenaron el secuestro del vehículo, denuncia que fue desestimada por inexistencia de delito por la Jueza María Fabiana Galletti. Cabe aclarar que la empresa Metalúrgica Oliva Hermanos S.A., titular del vehículo que conducía la asesora Lanusse, es una empresa proveedora de material de seguridad para el Estado Nacional, que según informó Raul Kollman en Página/12, tuvo contratos con el Banco Nación y la Casa de la Moneda durante el gobierno de Mauricio Macri y mantuvo reuniones en el Ministerio de Seguridad donde ejercía su función el ahora diputado. El uso del vehículo de un contratista del Estado por parte de Milman suscitó su imputación por el delito de dádivas por parte del Fiscal Carlos Stornelli. También se conoció que Milman le facturó entre 2020 y 2022 a la empresa por “asesoramiento en materia de seguridad internacional” con ocho facturas que totalizan más de un millón de pesos.
Otros “asesoramientos” en temas de seguridad del diputado merecen especial atención. El 1 de septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra. Pero también a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y le habría pagado al diputado más de 600.000 pesos en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”. Las facturaciones
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recientes en esta materia del diputado Milman y el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado creemos entran en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley N° 25.188 de Ética Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con tu interés particular.
También es de interés la reciente denuncia realizada por el Ministro de Seguridad de la Nación Dr. Anibal Fernandez contra Milman y Patricia Bullrich por los delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Se trata de la presunta contratación de 18 espías en el tiempo en que estuvieron a cargo de la cartera durante el gobierno de Mauricio Macri. En todos los casos se trataría de personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel.
Por último, debemos destacar los sospechosos contratos de alquiler del diputado Milman, por resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional. Entre los mismos se encuentran una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz en un club exclusivo por el cual pagó USD 37.000 por nueve meses y expensas por $120.000 y una casa en Pinamar por USD 12.000 por mes. Además se conoció que el valor de su casa en Adrogué es de $4.232.135 y que las expensas están a nombre de Alberto Miguel Herrmann, uno de los socios de Service Corporation International (SCI), empresa que controla los principales cementerios privados del país y las más reconocidas compañías de servicios fúnebres.
Los hechos relatados, lejos de ser exhaustivos y muchos de los cuales se encuentran actualmente en investigación en sede judicial para determinar si constituyen actos criminales, sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa. Es por esto que solicitamos a nuestros pares acompañar el presente proyecto de resolución.»
