Piden elevar a juicio a nueve policías por el ataque contra jóvenes Qom en Fontana
Así lo resolvió el fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos, Luciano Santos. Les imputa los delitos de vejaciones agravadas y allanamiento ilegal. Sin embargo, las víctimas, sus familias y las querellas del Comité contra la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros piden que los hechos sean calificados como tortura y que también se juzgue al comisario a cargo de la Comisaría Tercera de Fontana. Deberá resolver el Juzgado de Garantías el próximo 7 de mayo.
El fiscal provisorio en lo Penal Especial de Derechos Humanos del Chaco, Luciano Santos, clausuró la investigación y formuló el requerimiento de elevación a juicio contra nueve agentes policiales chaqueños por los brutales hechos de violencia institucional cometidos contra jóvenes de la comunidad Qom en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana, a finales de mayo de 2020, en plena pandemia.
Fue uno de los casos más resonantes de violencia institucional que trascendieron a nivel nacional e internacional cosechando repudios del mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el seguimiento de organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional.
El fiscal Santos pidió elevar a juicio a nueve agentes por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal y falsedad ideológica por el salvaje operativo del que formaron parte efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana en la noche del 31 de mayo de 2020. Sin embargo, las víctimas, sus familias y las querellas del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros apelaron la calificación de los delitos atribuidos y exigen que se tipifique a los hechos como torturas por los padecimientos físicos y psíquicos que debieron atravesar los jóvenes Qom víctimas de la brutal represión. El delito de torturas prevé penas que van de los ocho a los veinticinco años de prisión.
Además, desde las querellas también pretenden que se incluya entre los imputados al comisario que esa noche estuvo a cargo de la Comisaría Tercera de Fontana. En ese contexto, el próximo 7 de mayo la jueza de Garantías, Rosalía Zozzoli, fijó una audiencia donde deberá resolver sobre todos esos planteos.
Golpiza y racismo
El hecho que cobró trascendencia nacional e internacional a partir de la viralización de videos caseros filmados por las propias víctimas, tuvo lugar durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, alrededor de las 4:30, cuando los agentes Flores, Cabrera, Foschiatti y Benítez “irrumpieron violentamente, sin orden de allanamiento y aplicando patadas a la puerta de la vivienda” cita en el barrio Banderas Argentinas de Fontana para luego agredir a los ocupantes de la vivienda, dos varones y dos mujeres Qom, una de ellas de 16 años de edad, mediante empujones, golpes de puño, de pies y con armas de fuego por todo el cuerpo, además de manifestarles insultos y palabras denigrantes “hacia su condición de integrantes de la etnia aborigen”.
Posteriormente, los jóvenes fueron trasladados a la Comisaría Tercera de Fontana en donde siguen recibiendo todo tipo de agresiones físicas por parte de los agentes policiales.
Una vez que vieron saciados sus deseos de agredir brutalmente a jóvenes indefensos de la comunidad Qom, el oficial Foschiatti, como instructor, y el agente Vallejos, como secretario, labraron el acta de allanamiento cuyo contenido fue falseado, teniendo en cuenta que el supuesto testigo de la misma no se encontraba presente durante el operativo. Asimismo, la joven de 16 años permaneció alojada en la Comisaría hasta alrededor de las 9:25 horas del mismo día sin que el oficial Foschiatti pusiera en conocimiento de su situación al Juzgado del Menor que en turno correspondía, incurriendo en una nueva falta en su calidad de funcionario público.
Los imputados
El que cuenta con más delitos imputados es Cristian Eduardo Foschiatti a quién se acusa de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada por ser cometida por un funcionario público y detención ilegal cometida por un funcionario público en el caso de una de las jóvenes qom; Cristian Omar Benítez, Cristian Ariel Flores y Orlando Martín Cabrera son acusados por allanamiento ilegal y vejaciones agravadas; Sebastián Alberto Vallejos fue imputado por vejaciones y falsedad ideológica agravada por ser cometida por un funcionario público, mientras que César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González fueron acusados por vejaciones agravadas y Antonio Andrés Fernández por vejaciones.
El más grave de los delitos imputados por el fiscal Santos, vejaciones agravadas, prevé penas que van de los dos a los seis años de prisión.
