Para el Gobierno nacional, hay 10.000 empleados públicos listos para jubilarse
El Gobierno avanza en su plan de ajuste con la decisión de jubilar a los empleados públicos que cumplan con las condiciones del sistema previsional, en línea con las recientes medidas que incluyen despidos y la eliminación de organismos, como se anunció ayer con la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Esta iniciativa, impulsada por una resolución del Ministerio de Desregulación, busca achicar aún más la estructura del Estado «y asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Sector Público Nacional».
El universo de empleados estatales en condiciones de jubilarse ronda las 10.000 personas, de las cuales más de 6800 son de planta permanente, según la cartera encabezada por Federico Sturzenegger.
Esta información surge de un convenio de intercambio electrónico entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la ANSES, firmado el 10 de octubre, donde se solicitó al ente previsional que determine quiénes están en condiciones de retirarse.
Con esos datos en mano, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública emitió la Resolución Nº 3, que obliga a las áreas del gobierno a intimar a los empleados en condiciones de jubilarse a iniciar el trámite en los próximos 30 días.
Según los considerandos, la medida tiene como objetivo «mejorar el funcionamiento del Estado, lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente y de calidad, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y equilibrar las cuentas públicas», en el marco de un ajuste más amplio.
Este recorte abarca no solo a la Administración Nacional central y a los organismos descentralizados, sino también a las instituciones de Seguridad Social y a entidades públicas no estatales controladas por el Estado nacional. Además, se recomienda extender esta medida a empleados de empresas y sociedades del Estado, incluidas las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta, siempre que el Estado tenga un rol decisivo en la formación de las decisiones.
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Los empleados públicos que deberán acogerse a esta medida son aquellos que cumplan con los requisitos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, según la Ley 24.241 . Entre las condiciones establecidas, los hombres deben haber alcanzado los 65 años de edad, mientras que las mujeres deben tener 60 años (aunque pueden optar por continuar trabajando hasta los 65), además de acreditar 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes.
