Organismos de DDHH repudiaron condena que busca «proscribir» a la Vicepresidenta
En el documento publicado por los organismos de DDHH señala que en «la llamada causa Vialidad, en la cual se imputan supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado, tanto a la Vicepresidenta como a varios funcionarios de su gestión como Presidenta de la Nación, en la ejecución de obras realizadas en Santa Cruz, fue un tema juzgado en los Tribunales Provinciales varios años atrás y en cuya resolución judicial no se acreditó la comisión de delito alguno».
Organismos de derechos humanos expresaron hoy su «enérgico repudio» frente al fallo condenatorio a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y señalaron que hay un «lineamiento de persecución política» que hostiga a «exfuncionarios y referentes políticos» que se oponen a las medidas neoliberales.
El Tribunal Oral Federal número 2, a cargo de los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, condenó ayer a la tarde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz.
Al respecto, el documento publicado por los organismos de DDHH señala que en «la llamada causa Vialidad, en la cual se imputan supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado, tanto a la Vicepresidenta como a varios funcionarios de su gestión como Presidenta de la Nación, en la ejecución de obras realizadas en Santa Cruz, fue un tema juzgado en los Tribunales Provinciales varios años atrás y en cuya resolución judicial no se acreditó la comisión de delito alguno».
«Este es uno de los principales argumentos para cuestionar como arbitrario todo el proceso acusatorio orquestado en el ámbito Federal, pues violenta el principio elemental del derecho por el cual no se debe juzgar o sancionar a una persona dos veces por un mismo hecho», detalla el comunicado.
En ese sentido, consideraron que «la estrategia judicial del TOF nro. 2 y previamente la acción mediática de la Fiscalía actuante, son parte de un mismo lineamiento de persecución política con que se ha venido hostigando a diversos ex funcionarios y a numerosos referentes políticos y sociales opuestos a las políticas neoliberales que tanto daño han generado a nuestra sociedad».
Y llamaron la atención sobre el hecho de que «no se haya tenido en cuenta la complicidad o cercanía política entre los miembros del Tribunal y el ex presidente Macri, datos ampliamente conocidos y acreditados públicamente».
«Bastarían estos hechos para deslegitimar y considerar nulas las resoluciones de los mencionados magistrados», indicaron.
Además, señalaron que «esta condena constituye un hecho político de particular gravedad, corolario de una larga lista de acciones de violencia política sufridas por Cristina Fernández».
«Nos llena de indignación que se pretenda proscribir e incluso privar de libertad a una referente popular de indiscutible trascendencia en la vida política y social argentina», aseguraron.
Y reclamaron «el cese de estos actos profundamente cargados de misoginia y discriminación», en un comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
También participaron de la producción del documento Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza.
