ONU Ecuador iniciará contacto con manifestantes en busca de frenar «la escalada de violencia»
La delegación de Naciones Unidas en Ecuador informó hoy que iniciará un contacto directo con dirigentes indígenas y otros actores de la protesta contra el plan de ajuste del gobierno para concretar los próximos pasos a fin de evitar la espiral de la violencia que vive el país.
«Considerando la aceptación pública de Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador) y Gobierno para establecer una mesa de diálogo, iniciaremos de inmediato el contacto directo con los dirigentes del movimiento indígena y otros actores sociales para concretar próximos pasos y evitar la escalada de violencia», dice un mensaje en Twitter de la Organización, informó EFE.
La comunicación del organismo internacional fue difundida a pocos minutos de que entrara en vigor el toque de queda y militarización en el distrito metropolitano de Quito dispuesto esta misma tarde por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a fin de permitir a las fuerzas de seguridad sofocar las protestas de este sábado por el recorte a los subsidios de los combustibles.
El movimiento indígena de Ecuador, que encabeza las protestas contra las medidas de ajuste económico que tomó el gobierno para acceder a un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció la aceptación del diálogo ofrecido por el mandatario tras diez días de manifestaciones y disturbios en el país.
Desde el momento que comenzaron las protestas, el último 3 de octubre, al menos seis personas murieron y 937 fueron heridas, según el balance que presentó hoy la Defensoría del Pueblo, que también indica que 1.127 personas fueron detenidas en estos 9 días.
El mayor número de personas detenidas se registra en Pichincha (471), seguida por Guayas (308), y los fallecidos ya han sido identificados y comunicados a los familiares, según el último balance del organismo.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de Ecuador ha advertido de que se detendrá por terrorismo a los autores de los disturbios y el vandalismo, conforme al artículo 366 del Código Penal, frente a unos actos que «tienen como fin la desestabilización política de las instituciones y de la estructura del Estado».
Fuente: Télam
