Sociedad

Nueva condena en el Chaco por un caso de abuso sexual en la infancia

El juez de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, Ernesto Azcona, condenó a Jorge Flores a cinco años y cuatro meses de prisión por el abuso sexual de su hija cuándo la niña tenía ocho años. Fue denunciado en 2020 por hechos que habían ocurrido hacía diez años. “Los niños, las niñas, los adolescentes no mienten, las víctimas no mienten; los abusadores, sí”, aseguró Bárbara Aguirre, la madre de la víctima, tras conocerse la sentencia.

La provincia del Chaco volvió a ser escenario de una condena a prisión efectiva en un nuevo caso por abuso sexual en las infancias. Fue este lunes, en la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, cuando Jorge Flores fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por haber abusado de su hija cuando tenía ocho años de edad.

En horas del mediodía, el juez Ernesto Azcona leyó la parte resolutiva del veredicto condenatorio por el delito de “abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la situación de convivencia”. Si bien el magistrado no dictó su detención, dispuso que el imputado deba comparecer ante el Juzgado cada siete días.

Durante los alegatos, el fiscal Sergio Cáceres Olivera y la defensora oficial y querellante particular, Karina Paz, habían solicitado ocho años de prisión para el imputado, el máximo de la escala penal. Por su parte, el defensor, quién durante su alegato buscó en todo momento descalificar el testimonio de la víctima, solicitó la absolución de su defendido.

El hecho juzgado tuvo lugar en el año 2010, en el domicilio en que Flores compartía con la víctima, que en ese entonces contaba con ocho años. Recién diez años después, tras la declaración de la pandemia por COVID 19, la adolescente pudo formalizar la denuncia penal, tras una fuerte discusión que la decidió a irse a vivir con su madre, ya que hasta ese momento aún vivía con su padre, la pareja de éste, sus otros hermanos y sus abuelos.

Según se demostró durante el juicio, la víctima había contado el hecho a varias personas durante su adolescencia, pero nunca le creyeron y su relato fue negado por la familia paterna. Incluso, llegaron a hostigarla para que retire la denuncia. Su testimonio fue respaldado por varias personas durante el juicio, que revelaron que siempre se la veía en muy mal estado y que su situación cambió mucho cuando finalmente decidió ir a vivir con su madre, Bárbara Aguirre, a partir de marzo de 2020.

Durante el juicio, la víctima aseguró que quería sacarse la mochila que tenía hacía años, algo que la hacía sentirse mal, avergonzada, sin confianza en nadie, en ningún hombre y que sentía que debía seguir con tratamiento psicológico para superar sus miedos. Las pericias psicológicas valoradas por el juez Azcona confirmaron que la víctima pasó por un hecho traumático, que tenía dificultades para dormir, pesadillas, recuerdos intrusivos, inestabilidad emocional y baja autoestima. Una de las profesionales que la atendió destacó que la evolución favorable dependía de la reparación del daño que sufría.

En la sentencia, el magistrado calificó como perversas las conductas del imputado que se desarrollaron sobre una persona de ocho años, que se encontraba en un grado mayor de indefensión, generándole daño psicológico y la pérdida de confianza afectando sus relaciones interpersonales. A partir del testimonio fundamental de la víctima, de testigos y de las psiquiatras que la asistieron, el juez Azcona dio por comprobado que el hecho denunciado existió y también la responsabilidad que le cabía al imputado.

Tras la sentencia, LITIGIO dialogó con Bárbara Aguirre, madre de la víctima, quién reveló que “todo lo que pasó en esta causa fue muy fuerte, fueron cuatro años y medio de una lucha muy agobiante, por todo el apoyo social que recibió esta persona, al ser una persona pública, por su trabajo como fotógrafo de diario Norte pero además también como músico. Recibió mucho apoyo de referentes de la cultura, de la música en particular, de periodistas del diario donde trabaja”.

La madre de la víctima lamentó que, durante el transcurso del juicio, el imputado se haya fotografiado con diversas personalidades de la cultura y de la política y el sindicalismo local. “Esta foto es un mensaje muy peligroso hacia la sociedad, hacia este abusador en particular, hacia otros abusadores y, por supuesto, hacia las víctimas”, subrayó. En ese sentido, pidió la toma de conciencia de esta “responsabilidad social” y lo consideró “una especie de complicidad”.

“Todos estuvieron repitiendo el mismo discurso absolutamente revictimizante hacia mi hija, apoyando a este señor, acusándonos de cosas terribles y esto está todo expuesto en redes sociales”, denunció Aguirre, y consideró que “la manera de abordar esta problemática tan difícil es a través de la perspectiva del “Yo si te creo”, es fundamental para la lucha y es el reflejo de lo que pasa. Porque los niños, las niñas, los adolescentes no mienten, las víctimas no mienten; los abusadores, sí”.

“Cada vez que un niño o una niña, una víctima, se acerquen a un adulto a pedirle ayuda, contándole lo que ha vivido, este adulto tiene la obligación de responder por ese niño e intentar hacer justicia”, reclamó. En ese contexto, cuestionó que durante la etapa de instrucción de la causa la víctima haya sido sometida a distinto tipo de pericias mientras que el imputado a ninguna.

Por último, agradeció el acompañamiento de la Asociación Al Fin Justicia y destacó el “rol fundamental” del fiscal de juicio, Sergio Cáceres Olivera. “Es una persona que se ha puesto como meta combatir este delito y los delitos que tengan que ver con las infancias y con las cuestiones de género, con los femicidios”, sostuvo.

 

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