«No salgo de casa»: el testimonio de Ana, criminalizada por un aborto espontáneo

Ana, la mujer que fue criminalizada, encarcelada y liberada en agosto pasado luego de haber tenido un aborto espontáneo, contó a Télam que no sale de su casa de Corrientes por miedo al estigma en su pueblo, un testimonio que pone voz a la de otras 1.532 con causas penales por la misma situación.

Hubo diálogos previos con ella vía WhatsApp hasta que aceptó hacer la entrevista telefónica con Télam.

«Es que ayer fue mi cumpleaños, y no estaba muy bien por todo lo me pasó», se excusa en el inicio del diálogo.

Lo que «le pasó» fue que estuvo ocho meses presa en una comisaría de su ciudad, en Corrientes, después de tener un aborto espontáneo.

Nunca hubo pruebas que dijeran lo contrario, por eso, luego de atravesar un juicio fue liberada por la justicia el 5 de agosto de este año.

Lo que «le pasó» fue que estuvo esposada un día entero luego de haber sido intervenida en un hospital donde no le explicaron la práctica médica, sin saber porqué estaba detenida, en medio del maltrato verbal de un enfermero, y con un custodio varón.

«Policías y médicos hablaban entre ellos y no me decían nada», contó en el primer reportaje que dio a Clarise Sánchez Soloaga, editora de Género del diario República de Corrientes, donde relató en detalle sus días privada de libertad.

Ahora, en el inicio de su nuevo año, luego de su cumpleaños 31, la charla es sobre su presente y sus planes.

«Estoy mejor, pero desde que salí -de la cárcel, palabra que nunca nombrará en la entrevista- no salgo de casa, no voy a caminar, no salgo a la calle», cuenta.

Nació y vivió toda su vida en la misma ciudad correntina. Es ese, su lugar, ella dice: «No me siento para salir, siento que todos me miran».

¿Alguien te hizo comentarios que te molestaron, te lastimaron?, es la pregunta, a la que ella responde: «No, pero nunca salgo. Hubo gente que me ayudó, pero otras dijeron cosas que no son, repitieron cosas que no son».

Es que, una vez libre, su hija de 11 años llegó de la escuela llorando por «lo que decían de su mamá» algunas de sus compañeras y compañeros de clase.

Entonces, la mamá de Ana fue a hablar con las maestras de la escuela donde también estudia su hijo de 6 años.

«Se portaron bien, hicieron una reunión con los padres para que se cuiden de lo que dicen, porque los chicos repiten lo que escuchan en la casa», reflexiona Ana.

Su criminalización injusta también le impide ir a la plaza con su hija y su hijo.

«Tengo miedo que digan algo; si me enfrentan a mí no me importa, pero no quiero que mis hijos pasen por eso», dice.

Ella, junto a su hija, su hijo, su mamá, su papá, sus dos hermanos adolescentes, sus hermanas y sus amigas atraviesan el estigma, el mismo que viven, al menos, otras 1.532 mujeres que tienen causas penales por aborto y otras 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas, según el último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de 2020.

Belén es otra de las mujeres que fue criminalizada. La joven tucumana, quien estuvo injustamente presa por un aborto espontáneo, deseaba en una entrevista con Télam publicada el 9 de diciembre de 2020, cuando se debatía en el Parlamento el proyecto que se convirtió en la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que «ninguna mujer tenga que pasar» por lo que ella pasó.

Lo que «le pasó» es que tuvo un aborto espontáneo en su casa en 2014, fue con su mamá al hospital y de allí a la cárcel, donde quedó detenida hasta 2017.

La abogada feminista Soledad Deza la conoció en el penal, se transformó en su nueva defensora, logró que la situación sea bandera de movimientos de mujeres y feministas nacionales e internacionales y que la Corte Suprema de Tucumán la absolviera.

Deza aporta ahora, en contacto con Télam, que «el caso de Belén, el de Clara (ambos en Tucumán) y el de Ana ahora develan el uso estratégico de figuras penales más graves para castigar eventos obstétricos que no son delito o que siéndolo, tendrían una pena excarcelable».

Para la profesional «esta maniobra conservadora une a los saberes biomédicos (cuerpos forenses) al Ministerio Público y al Poder Judicial en una cruzada contra las mujeres. Una nueva alerta para viejas persecuciones. Por eso hicimos un pedido de información pública a la Corte tucumana (Expte Nro 11115/22) donde buscamos todas las causas con victima «recién nacido» porque advertimos que el homicidio puede así caratular y ocultar abortos».

«Más del mismo patriarcado judicial, pero sofisticando la capacidad de dañar», asegura Deza.

Otro testimonio que publicó Télam el 22 de febrero de 2022 es el de AG, la joven que generó el denominado fallo F.A.L. de la Corte Suprema que determinó que las mujeres violadas embarazadas pueden acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE).

«Me robaron parte de mi infancia y adolescencia, y siento ese peso, ese dolor», relataba, y afirmaba que «ninguna víctima tiene por qué pasar por una odisea judicial como yo».

Ellas, con sus particularidades, demuestran lo que pasa en las vidas de estas mujeres luego de ser criminalizadas.

Desde Corrientes, Ana espera terminar la entrevista con Télam para comenzar a hacer pastelitos con su mamá. Es el trabajo que tiene ahora, el hacer comida para vender, con eso se sostiene, paga una psicóloga y sueña con tener su propia casa junto a su hija y su hijo.

«Quiero hacer una nueva vida, me pone mal estar acá, donde pasó todo», comparte.

Valora y agradece el apoyo de organizaciones de mujeres, como Libres las Queremos.

La trabajadora social Leticia Gauna, militante de la Fundación Derechos Humanos Equidad y Género (FunDheg) acompañó a Ana y dice a esta agencia que «es fundamental el trabajo en red para visibilizar y generar empatía. Ahora, lo importante es que ella pueda recomponer sus vínculos comunitarios para continuar con su vida después de todo el daño que este sistema patriarcal le ha provocado».

Ana hace silencio para pensar una última reflexión y aporta que aprendió «muchas cosas, me enteré de cosas que no sabía. Las mujeres necesitamos más información, más ayuda, porque te maltratan en el hospital, en la policía, en la Justicia, entonces tenemos miedo de pedir ayuda. Eso tiene que cambiar».

Dónde pedir ayuda

*Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud: teléfono 0800 222 3444