Motosierra al microcrédito: el Gobierno elimina un programa clave para la economía social
El presidente Javier Milei dispuso, mediante el Decreto 1094/2024 , la disolución del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, junto con su Comisión Nacional de Coordinación, el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito y el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.
La medida fue firmada también por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, y busca «optimizar los recursos» en el marco de la emergencia económica vigente.
El Programa, creado por la Ley N° 26.117 en 2006, tenía como objetivo fomentar el acceso a microcréditos para fortalecer la economía social. Sin embargo, informes oficiales señalan que su funcionamiento presentó serias falencias.
Entre las críticas más destacadas está el hecho de que los gastos en personal superaban significativamente los recursos destinados a cumplir los objetivos principales, como la capitalización de las instituciones de microcrédito.
El decreto argumenta que la Comisión Nacional de Coordinación del Programa mostró «una evidente ineficiencia operativa» y «un sobredimensionamiento» de su estructura. Los gastos anuales en personal, señala el documento, excedían en un 54 % el total ejecutado del presupuesto 2024, lo que dificultaba la sostenibilidad del Programa y su función primordial.
El ministro Guillermo Francos había anticipado la decisión al referirse a la desproporción entre la cantidad de empleados y los fondos disponibles para los microcréditos: «Es un área que tiene 100 personas trabajando, pero los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos que maneja» , declaró. Esta situación, según el documento, subraya la necesidad de redirigir recursos hacia programas más eficientes.
Otra crítica planteada en el decreto señala que el Programa no logró implementar un registro formal de las instituciones de microcrédito ni aplicar sanciones frente a incumplimientos. Esto se vincularía a una falta de supervisión y transparencia en su gestión, lo que derivó en una importante pérdida de recursos destinados a fortalecer la economía social.
El personal afectado por la disolución del Programa será reubicado en otras áreas del Estado, conforme a lo establecido en la Ley de Empleo Público. Además, el Ministerio de Capital Humano asumió la responsabilidad de ejecutar las medidas necesarias para concretar la eliminación del Programa y reorganizar su estructura.
El decreto también destaca que, en la actualidad, existen diversas instituciones financieras, tanto públicas como privadas, que ofrecen líneas de microcrédito activas. Estas entidades, junto con organizaciones sin fines de lucro, son consideradas más eficaces para satisfacer la demanda de microcréditos por parte de pequeños emprendedores.
