Milei le delegó a Caputo el control de los fondos fiduciarios
Por decreto, le cedió la administración de estos recursos al ministro de Economía, que suma cada vez más influencia. En los próximos meses, llevará adelante «una auditoría integral de gestión».
En la apertura de Sesiones Ordinarias, realizada en el Congreso de la Nación, y en medio de la convocatoria a gobernadores al Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei le delegó al ministro de Economía, Luis Caputo, el control de los fondos fiduciarios.
Lo hizo mediante el Decreto 215/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial. El documento designó al Ministerio de Economía «como fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios».
Se especificó que el Palacio de Hacienda, con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), «o mediante la contratación de consultores independientes externos de reconocida trayectoria y experiencia, en los términos de la legislación vigente, deberá realizar -dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida- una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional».
En la disposición, que lleva la firma del presidente Milei, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se comunicó que Economía efectuará las adecuaciones contractuales que resulten necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto. Además, se aclaró que «el Ministerio de Economía podrá prorrogar este plazo por otro similar y por única vez«.
«Los organismos y reparticiones con responsabilidad primaria en las materias involucradas en cada uno de los fondos fiduciarios objeto de la presente medida deben prestar colaboración y asistencia al Ministerio de Economía, a los fines del mejor cumplimiento de las disposiciones y fines del presente decreto», reza el escrito.
El Ejecutivo hizo hincapié en «la eficiencia y la eficacia en la utilización de los recursos públicos» e hizo mención a un informe solicitado a la SIGEN sobre los fondos fiduciarios, en el cual se denunció que «se ha observado la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario; las políticas generales a ser abordadas; los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones; las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiarios; los sistemas de información sobre el estado de ejecución y avance de obras, entre otros».
Además, el texto remarcó que «del mismo Informe surge la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos».
También consideró que «se ha verificado la inacción y/o demora en las actividades de recupero y gestión de morosidad o incobrabilidad ante incumplimientos de los beneficiarios, así como debilidades en el proceso de compras y contrataciones, falta de seguimiento y demoras no justificadas».
Fondos fiduciarios apuntados por el Gobierno
Fondos fiduciarios son los contratos de fideicomisos utilizados por el Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, para gestionar recursos destinados a un fin específico de interés público.
El Estado delega la administración de dichos montos a una entidad, que suele ser de carácter pública, como el Banco Nación o el BICE, para implementar políticas como subsidios u obras. Éstos representan aproximadamente el 2% del PBI del país, teniendo un impacto directo en los gobiernos provinciales.
Los fondos fiduciarios tienen en todos los casos una asignación específica y los recursos no pueden destinarse a otros gastos presupuestarios, como al pago de salarios.
Entre los distintos fondos o fideicomisos se encuentran Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte y el de Desarrollo Provincial, Fondo Fiduciario PROCREAR, Fondo PROGRESAR, Fideicomisos vinculados al transporte eléctrico federal, capital social y seguridad aeroportuaria Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo estabilizador del trigo y el Fondo Fiduciario de cobertura de salud.
Tras la caída del debate de la Ley Ómnibus en el Congreso, Milei definió a éstos como «cajas negras», aludiendo a la falta de control sobre su utilización, supuestamente gestionados por «la casta» para su propio beneficio.
«Son como u$s20.000 millones. Son todas cajas negras de la política. Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. Hay muchos agentes de la política que viven de eso», expresó en un canal televisivo el presidente Milei.
