La Justicia Federal de La Plata activó esta semana los entrecruzamientos de llamados entre los imputados de la causa en la que se investiga el supuesto armado de expedientes contra dirigentes sindicales por parte de exfuncionarios del gobierno bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.
La medida había sido solicitada por la fiscal federal Ana Russo y dispuesta por el juez federal Ernesto Kreplak durante la primera quincena de enero, pero avanzó el último jueves luego de que se terminaran de identificar los teléfonos que utilizaron los imputados durante el período investigado.
El juez reclamó, por oficio, a cuatro compañías de telefonía que «dentro del plazo de 48 horas, remita el detalle de llamadas entrantes y salientes, como también de los mensajes de texto entrantes y salientes, durante el período comprendido entre los días 1° de mayo de 2017 y 31 de diciembre de 2017», de las líneas telefónicas investigadas.
La medida alcanza a la exgobernadora Vidal y a todos los que se reunieron el 15 de junio de 2017 en el salón de usos múltiples del edificio porteño del Banco Provincia, oportunidad en la que empresarios, funcionarios públicos y directivos de la agencia federal de inteligencia discutieron estrategias para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales como Juan Pablo «Pata» Medina del gremio de la construcción.
El primer imputado del expediente fue el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien en aquella reunión –cuyo registro audiovisual fue encontrado en la AFI y entregado a la justicia por la actual intervención de ese organismo- manifestó su deseo de poder contar con una «Gestapo» -la policía política del régimen nazi- para accionar contra los gremios.
Por estas horas, la Justicia Federal platense analiza la información recolectada en el expediente y continúa tomando testimonios que apuntan a reconstruir cómo se gestó aquella reunión, quién y cómo la grabó, por qué se hizo en la sede porteña del Banco Provincia y -entre los principales interrogantes- se busca dilucidar qué hacían allí los directivos de la AFI.
La agenda de trabajo de Villegas, que ya está en manos de la justicia, aportó a la investigación nuevos elementos que robustecen la idea de que los funcionarios del gobierno de Vidal coordinaron acciones, por fuera de aquellas permitidas por la Ley de Inteligencia, con la AFI que por aquellos días conducían los procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
«REUNIÓN CON MAJDALANI/GRASSI. (EN CAPITAL).», reza, en letras mayúsculas, una anotación asentada en la fecha 12 de junio de 2017 en la agenda de Villegas.
Majdalani era por entonces subdirectora de la AFI y Grassi sería el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, quien tres días después también participó de la reunión en el Bapro.
El exfuncionario de la cartera judicial bonaerense está citado para el martes a la Comisión Bicameral parlamentaria de fiscalización de los organismos de inteligencia, aunque no está obligado a concurrir porque no es agente de un servicio de informaciones.
Entre los testimonios recogidos en la semana por el juez federal Kreplak se produjo el del periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quien ratificó la información volcada en su libro «La Raíz», en el cual, ya en 2018, daba cuenta de la reunión ocurrida en la sede porteña del Bapro.
El periodista aseguró que esa información le había sido provista por un funcionario bonaerense que, ya por aquel entonces, reconocía el trabajo coordinado entre la administración bonaerense y la AFI.
Durante la semana que pasó, además, declaró como testigo el exgerente de Seguridad de la sede porteña del Banco Provincia, quien confirmó que no había cámaras de seguridad en el salón de ese edificio, lo que fortaleció la hipótesis de que la reunión investigada fue grabada con cámaras colocadas específicamente para aquella ocasión.
Se trata de Mariano Albito, quien ya había declarado ante la Comisión legislativa Bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia y ahora lo hizo como testigo ante el juez Kreplak, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.
Bajo juramento de decir verdad, como se les exige a todos los testigos, el exgerente de Seguridad de la sede porteña del Bapro volvió a decir lo que ya había dicho en el Congreso: que en el salón en el que se hizo la reunión ahora investigada no había cámaras de seguridad ni las hay hoy.
