Megacausa por corrupción: «Planteos de las defensas demoran elevación a juicio», dicen desde la Justicia

Hace siete meses, el 8 de marzo de 2019, el equipo fiscal especial creado para la ocasión por la Procuración General del Chaco, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa Nº6309/18-1, correspondiente al primer tramo de la investigación seguida «contra exfuncionarios del gobierno provincial por presunta violación de sus deberes».

Sin embargo, según afirman desde el Superior Tribunal de Justicia, «diversos planteos formulados por las defensas de los imputados entre el 18 de marzo y el 13 de septiembre, más dilaciones en la celebración de las respectivas audiencias, impidieron que aquella pudiera elevarse definitivamente para la realización del juicio correspondiente ante una de las cámaras del crimen de Resistencia».

Asimismo, detallaron que «esto se desprende del informe confeccionado por los fiscales Graciela Griffith Barreto, Nélida Villalba y Lucio Otero, a pedido de la Procuración General, respecto de la causa ‘Rey, Héctor Horacio; Buttice, Paulo Andrés; Katavich, Gustavo Alejandro; Fernández, Susana Beatriz; Fernández, Ismael Ángel s/ violación de los deberes de funcionario público en concurso’ (expediente Nº 6309/2018-1)».

“Queremos llegar a juicio lo más rápido posible”, había asegurado Graciela Griffith Barreto acompañada por sus pares Nélida Villalba y Lucio Otero, en una conferencia de prensa realizada en 2018, ya que “sabemos que los defensores tienen recursos para trabajar pero sentimos que están abusando”.

Además, los integrantes del equipo fiscal especial consignaron que «el 10 de julio formularon el requerimiento de elevación a juicio en otros dos expedientes: ‘Lugo, Roberto Marcelo s/ violación de los deberes de funcionario público en concurso’ (Nº 33960/2018-1) y ‘Fernández, Ismael Ángel s/ fraude en perjuicio de la administración pública reiterada’ (Nº 21896/2018-1)».

Refiriéndose a la responsabilidad de los funcionarios del gobierno provincial, en la mencionada conferencia, Griffith Barreto, expresó que “hay pruebas, ya se han colectado todas las necesarias en cuanto a la participación. Estos hechos existieron”. “Hasta la última declaración que se les ha tomado a los imputados son 200 contratos que fueron hechos, pagando publicidad que no se hicieron a empresas y fundaciones que no existían o que no funcionaban pero que en los papeles estaban”, agregó.

CONTRA LA DEFENSA DE LOS DETENIDOS

El equipo fiscal también se expresó- en julio de 2018- contra los defensores de los imputados, aceptando que “los defensores tienen facultades de plantear recursos propios del derecho de defensa”, pero asegurando que “hemos observado una especie de ejercicio abusivo de esos recursos”.

Aludieron también al recurso presentado por la defensa de Rey que se refería a que la investigación no puede ser llevada adelante por un equipo fiscal. “Los defensores se han opuesto a que intervengamos nosotros como equipo. El planteamiento fue rechazado por el juez de garantías toda vez que la ley tanto lo que es el Código de procedimiento, la ley de Ministerio Público, la facultad del procurador como funcionario constitucional, autoriza que dos o más fiscales, de acuerdo al volumen de una causa, pueden investigar. Respecto a esta cuestión la semana pasada la rechazó la Cámara de Apelaciones”, señalaron.

IMPUTACIONES

Cabe recordar que las imputaciones que les cabe a los involucrados son: Asociación ilícita, violación de deberes de funcionarios públicos, negociación incompatible, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Según comentaron los fiscales, tienen a “Rey como jefe de esa asociación, que lleva los 200 hechos con dos funcionarios que los acompañan: Buttice y Katavich”.

Fuente: DiarioChaco