Más Organizaciones sociales rechazan la designación de Olivello
Desde la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Federación Nacional Campesina (FNC) y el Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha (MOEL), expresan que “las organizaciones sociales tenemos memoria de todas las represiones sufridas por reclamar reivindicaciones que son necesarias para nuestro pueblo como salud, educación, producción, salarios, dignos, tierra techo y trabajo, sobre todo para que esas personas que son las más vulneradas.
“Estos sectores fueron los que enfrentaron al gobierno más peligroso, el gobierno de Mauricio Macri que endeudó a nuestro país a más de 100 años y que nos quitó derechos conquistados”.
Añaden que “creemos que no es el camino correcto poner a cargo a un represor cuando la respuesta debe ser políticas públicas para dar respuesta a todos los reclamos. Es necesario el cumplimiento de la resolución 185 como también la aprobación del proyecto de Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas para que la crisis la paguen los que juntaron plata con pala”.
Por último, sostienen “vivimos momentos difíciles en nuestra Argentina con una pandemia que no esperábamos y la crisis que dejó el gobierno anterior, por ello repudiamos estos hechos las respuestas deben ser política y no con represión”.
No es el rumbo
Por su parte, desde el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) en el Frente Chaqueño, expresan:
“Desde el Partido Comunista Revolucionario y el Partido del Trabajo y del Pueblo, repudiamos y expresamos nuestro profundo rechazo al Decreto 1133/2020, que designa a Gustavo Hugo Olivello, como funcionario de la Subsecretaría de Seguridad Territorial. Vemos con profunda preocupación este rumbo que se adopta desde el gobierno provincial, como respuesta a la grave crisis económica y social que generó sobre todo el Macrismo y se profundizó con la pandemia”.
“Desde nuestro Partido luchamos activamente para enfrentar su política y derrotarlos en las elecciones. Fue un gran acierto haber luchado para unir a todos los sectores en el Frente de Todos y el Frente Chaqueño y ganar a la política del sector más agresivo que hoy busca acciones desestabilizadoras y golpistas contra el gobierno de Alberto Fernández, como lo fue la marcha de la policía a la residencia de Olivos”.
“Lo hicimos desde un programa económico y político para salir de la crisis, sin que la pague el pueblo. Cambiar la política económica del anterior gobierno y favorecer a los sectores populares, significa hoy, tocar los intereses de los que se enriquecieron en los últimos años. La investigación y la suspensión del pago de la Deuda Externa, el impuesto a las Grandes Fortunas a nivel nacional y seguir lo aprobado por Resolución Provincial 185 de la Canara de Diputados, es indispensable para generar los recursos necesarios y de esta forma resolver la difícil situación de pobreza que vive nuestro pueblo”.
“No se resuelve las necesidades del pueblo con palos. La designación de Gustavo Olivello al frente de una Subsecretaría del Ministerio de Gobierno y Trabajo, atenta contra los derechos de la comunidad. Olivello es un confeso defensor de la represión popular y estuvo a la cabeza de la represión del 4 de Junio de 2014, la más salvaje conocida en los últimos años. Ese dia, campesinos, originarios, estatales, desocupados y estudiantes, reclamaban pacíficamente salario, agua, tierra y vivienda, cuando la policía desató una cacería humana sin precedentes. Con palos, balas de goma, caballos y motos, golpearon a todo el que se cruzaba, persiguieron 22 cuadras hasta el Parque 2 de Febrero, donde se alojaban los compañeros campesinos y originarios que llegaron desde el interior”.
“Esta decisión es contradictoria con la actitud tomada ante los hechos de violencia policial en Fontana, hacia los pibes originarios del Barrio Bandera Argentinas, situación que bordeó una crisis política”.
“Ante esta grave situación proponemos
1- Dar marcha atrás con la designación de Gustavo Olivello
2- Urgente convocatoria a todos los sectores sociales, sindicales y políticos, para elaborar un programa de salida a la crisis económica y social. Discusión democrática del presupuesto provincial 2021 que incluya el debate de una nueva Ley de Impositiva según Capacidad de Pago, reclamar al Estado Nacional el 15 por ciento retenido por la Nación desde el gobierno de Menem, que hoy significa un presupuesto anual entero. Ampliar la recaudación provincial con la aprobación del impuesto a los Bancos, y discutir en profundidad una Ley de Impuesto Inmobiliario Rural que cargue a los grandes terratenientes, Renta Potencial de la Tierra, Grandes Superficies de Hipermercados y Grandes Acopiadores de Granos”.
