Los últimos datos de pobreza y empleo difundidos por el Indec actualizaron el mapa de la desigualdad argentina. Un mapa que explica también la evolución de la pandemia y sus efectos, que expone las deudas redistributivas de nuestra sociedad y demuestra la diferencia que hace un Estado presente.
Como ocurrió en las villas del AMBA, los brotes se reproducen en los barrios más vulnerables de las capitales del interior. Deudas estructurales y la presencia del Estado como un factor clave.
El Conurbano bonaerense es la región que mejor expresa ese vínculo. Allí reside la mitad de las personas en situación de pobreza en el país. Allí también se registra la menor proporción de trabajadores dependientes del Estado, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Por eso no sorprende que el impacto del coronavirus se haga sentir con más fuerza.
El 55% de los casos diagnosticados hasta el momento viven en la Provincia de Buenos Aires. La foto tampoco debe hacer olvidar la película: el virus se expandió sobre un déficit estructural que lleva décadas.
Ampliar la foto también permite complejizar el análisis. Las dos regiones con menor crecimiento porcentual de la pobreza en el primer semestre del año fueron el Noreste (NEA) y el Noroeste (NOA), zonas que históricamente tienen las tasas de pobreza más elevadas. “Esto se debe a que en las regiones más pobres es donde más incidencia tiene el apoyo del Estado”, explica Martín Barrionuevo, senador provincial de Corrientes por el Partido Justicialista.
“El IFE en Corrientes, por ejemplo, lo cobraron las dos terceras partes de la Población Económicamente Activa. Quiere decir que esas personas trabajan en negro o no trabajan. Pero además hay otros planes, como la Asignación Universal por Hijo.
En cualquier indicador de cobertura social que busques siempre vas a encontrar que el NEA y el NOA están por arriba de la media. Por eso todas las medidas tomadas por el gobierno nacional tienen más impacto en esas regiones”, añade.
Barrionuevo, que también es contador público y realiza diariamente informes en sus redes sociales sobre el impacto del Covid-19, introduce entonces un nuevo elemento a considerar para medir el impacto de la pandemia: la dependencia del Estado y el empleo público. “Eso que en principio puede ser pensado como un limitante en general para el desarrollo terminó siendo un piso para la caída. Porque el empleo público, a pesar de haber tenido una pérdida en el poder adquisitivo, fue el que menos sufrió la pandemia”.
La contracara es el Gran Buenos Aires (GBA), donde el incremento de la pobreza fue de 7 puntos, llegando al 47,5% de su población. “Las periferias de las grandes ciudades de la zona pampeana es donde tenés mayor informalidad y donde tuviste también más restricciones. Ahí el Estado no alcanza a compensar las pérdidas, porque la población depende mucho más de la changa y hay bajo empleo público para lo que es la media del país”, añade Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Schteingart cita un análisis de la composición del mercado laboral en las distintas regiones a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de 2019. Allí se ve que el empleo estatal alcanza al 7,5% de los habitantes del GBA, el dato más bajo a nivel nacional. En el NOA es el 14,5%; en el NEA, 16,1 por ciento.
La incidencia del virus
Un dato fundamental para incorporar al análisis es la incidencia del virus en las regiones y las consecuentes medidas de restricción de la actividad económica. Como el coronavirus fue importado, la principal zona afectada fue el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que concentró más del 50% de los nuevos contagios hasta mediados de septiembre.
La otra provincia que sufrió mucho inicialmente fue Chaco, donde la presión sobre el sistema sanitario anticipó las situaciones de colapso que hoy viven otras provincias. Las cifras de pobreza en Gran Resistencia incluso superan al Gran Buenos Aires: el 48,7% de su población vive hoy por debajo de la línea de pobreza.
Pero seguir la evolución de la pandemia dentro de esas jurisdicciones permite dar cuenta de los efectos de la desigualdad. En ambos lugares, el ingreso del virus fue en avión a través de personas con capacidad de viajar al extranjero. Pero rápidamente se expandió en los barrios populares: donde hay peores condiciones de higiene, mayor empleo informal y menor capacidad de reemplazar esa actividad por teletrabajo.
El 17 de mayo, Tiempo reflejaba esta situación en portada destacando que uno de cada tres casos nuevos diagnosticados residía en barrios populares y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. La acción del Estado mediante la implementación del plan Detectar y otros programas sanitarios permitieron, con el tiempo, aplanar la curva de contagios. Pero las medidas para paliar la situación económica no han sido suficientes.
“Inicialmente el panorama mostró que los contagios se produjeron de manera directamente proporcional a los niveles de falta de condiciones habitacionales y de acceso a recursos”, reconoce Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. “Pero hoy creo que la propagación del virus tiene una relación directa con el nivel de movilidad productivo, económico y social; y una relación inversamente proporcional a los niveles de cuidado que asume esa población”, añade.
“Creo que también quedó demostrado lo importante que es el rol del Estado a nivel social como un factor de equilibrio y amortiguación a las fluctuaciones que puede tener el mercado ante situaciones como estas”, concluye Costa.
Los distritos complicados
Dos de cada tres nuevos casos de coronavirus diagnosticados esta semana ocurrieron fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. El promedio diario de 12.636 testeos positivos marcó un incremento de casi un 13% respecto de la semana anterior y significó un nuevo máximo nacional. A principios de agosto, apenas una de cada cinco personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico de Covid-19 residía fuera del AMBA. Hoy ya son tres.
La distribución de los casos graves pone a prueba la capacidad de respuesta del sistema sanitario en cada provincia. Las más complicadas en el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación eran Río Negro (84% de ocupación de terapia intensiva), Salta (82%), Mendoza y Tucumán (78 por ciento). Pero si se pone una lupa al nivel de los conglomerados urbanos, los más apremiados son: General Roca en Río Negro (95%); Rosario y General López en Santa Fe (95 y 88%, respectivamente); y la capital de Jujuy (88 por ciento).
“Esta distribución de casos se aborda fortaleciendo el espíritu federal y participativo con una presencia activa de los Ministerios de Salud”, explica en diálogo con Tiempo Alejandro Costa (foto), subsecretario de Estrategia Sanitaria de la cartera nacional. “Funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación nos desplegamos por todo el país con equipos itinerantes para complementar asistencialmente. Las transferencias de equipamiento y financieras se están incrementando al interior del país y lo que hacemos es una apoyatura activa en el lugar donde vemos que el virus se transmite”, detalla.
Polémica por el subregistro
El dato que más impactó en la semana fue la carga al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) de más de 3000 fallecimientos ocurridos en la Provincia de Buenos Aires en los últimos meses. Eso hizo que en un solo día las cifras oficiales de muertes de personas con Covid en la Argentina subieran un 16,5% y la tasa de letalidad escalara hasta el 2,7 por ciento.
A pesar de ello, si se ordenan las muertes según su fecha de ocurrencia, el día de mayor cantidad de fallecimientos hasta el momento es el 9 de septiembre, con 309 registrados en 24 horas.
“En un contexto de pandemia, donde se reactivaron sistemas de información subutilizados y hubo que crear sistemas nuevos (como el de gestión de camas críticas), lo que se observa es una vocación de transparencia máxima”, señala Costa al ser consultado por la situación de subnotificación.
“Nuestra gestión ya estaba trabajando con el Ministerio del Interior y el Registro Nacional de las Personas en la digitalización de los registros de defunción. Hay muchas jurisdicciones que todavía los tienen en formato papel y eso genera demoras”, añade.
Sobre una posible proyección de este subregistro, Costa aclara: “No tenemos proyección, pero la concentración máxima se está teniendo en la atención de pacientes y en la gestión, mejorando los sistemas de información”.
Fuente: tiempoar.com.ar
