Ligas Agrarias: comenzó el alegato de la Fiscalía que continuará el próximo martes 11
El fiscal Diego Vigay inauguró la presentación de la acusación del Ministerio Público con un pormenorizado análisis del contexto histórico y del desarrollo de los homicidios y de los tormentos imputados en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra integrantes de Ligas Agrarias. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el martes 11 de junio.
La causa Ligas Agrarias, sexto proceso por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en el Chaco, alcanzó su onceavo día de audiencias durante la mañana de este jueves 6 con la primera parte del alegato fiscal en el juicio que reconstruye el accionar represivo del terrorismo de Estado contra trabajadores y dirigentes rurales. En la oportunidad, el fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos, Diego Vigay, realizó ante el tribunal y las partes un análisis del contexto histórico de la represión a Ligas Agrarias, y cómo se presentaron los hechos específicos que forman parte de las imputaciones a los cinco implicados; los homicidios a Carlos Piccoli y Raúl Estigarribia, su encubrimiento bajo el montaje de “enfrentamientos” y secuestros y torturas los campesinos y militantes de base de Ligas Modesto Meza, e Hipólito y Santos Brítez.
Dado lo avanzado de la jornada cuando Vigay culminó su exposición, cuyo inicio se vio retrasado a raíz de problemas de conexión en el sistema de videoconferencia que vincula la sala del Tribunal Oral Federal de Resistencia con las sedes judiciales desde donde los imputados Bettolli (Capital Federal) y Wischnivetzky junto con Sanferraiter (Saénz Peña) siguen los debates, la causa pasó a cuarto intermedio hasta el martes 11. En esa fecha se espera que el resto del equipo fiscal continúe con el alegato en su parte concerniente al análisis dogmático de las respectivas autorías y el pedido de las penas a cada uno de los cinco imputados; los ya nombrados, más Miguel Antonio González y José Rodríguez Valiente.
Asimismo se estipula que en caso de no poder cubrir la totalidad de la acusación ese martes 11, el juicio continuará el viernes 14. Luego, la vía quedará despejada para que la defensa presente su propio alegato y entonces restaría el pronunciamiento de los jueces Juan Manuel Iglesias, Ramón Gonzáles y la jueza Rocío Alcalá.
El lunes las querellas en representación de la Secretaría de DDHH de la provincia, y la particular por parte de la familia Piccoli formalizaron sus respectivos alegatos con un pedido de un pedido de prisión perpetua para el ex militar José Tadeo Bettolli y los ex policías Miguel Gonzáles y Alcides Sanferraiter por considerarlos coautores de homicidio agravado por alevosía y número de partícipes, 12 años de prisión para el ex policía José Rodríguez Valiente, imputado por encubrimiento agravado y 18 años para el ex subcomisario Eduardo Wischnivetzky por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. Todos en concurso real entre sí.
Alegato, parte I
El fiscal Diego Vigay situó los homicidios y torturas juzgadas en el marco de un “Plan fundamental de eliminación selectiva de distintos sectores de la ciudadanía que no encuadraban en el proyecto de país de la dictadura. Estos sectores fueron convertidos en blancos de la represión; según las estadísticas elaboradas por Informe CONADEP el 30 % de las víctimas fueron trabajadores, y 21 %, estudiantes como porcentajes mayoritarios”. Justamente, en ese “30 %” es donde se ubican las Ligas Agrarias; “El movimiento cooperativo más importante de la época que llegó a producir entre 30 y 40 mil toneladas de fibra de algodón, materia prima con la que se proveían Bunge y Born y otras multinacionales del rubro” graficó. Vigay explicó cómo la férrea defensa del porcentaje que le correspondía a los productores al momento de comerciar con las grandes firmas y la impronta organizativa y de empoderamiento de las familias campesinas por parte de las Ligas desencadenó una reacción represiva a sangre y fuego; “Hablamos de persecuciones masivas de Ejército y Policía en toda la provincia con los Operativos Toba y demás hechos como los que juzgamos en este juicio oral, los cuales si bien son representativos, no son los únicos” afirmó.
“Pelotón de fusilamiento”
Respecto de los hechos de homicidios el fiscal expuso primero el caso de Raúl Estigarribia; luego de mostrar una fotografía del militante, cuya familia estuvo presente en la sala de audiencias. Estigarribia era docente rural, integrado a Ligas Agrarias, buscado desde 1974 y por ello permanecía clandestino. Pese a que se sabía cercado, continúo recorriendo los parajes chaqueños oficiando de “correo” y llevando información y alimentos a otros liguistas refugiados en los montes para eludir la represión, utilizando un documento de identidad falso para sortear los retenes y controles militares.
El 12 de febrero de 1977 fue atraído al domicilio de Francisco Iñiguez en Corzuela. Pero no encontró a Iñiguez al llegar a la vivienda, una patrulla de cuatro efectivos policiales (José Cardozo, Roberto Acuña, Rodolfo Mendoza (fallecidos), y Miguel Gonzáles, liderada por el militar Tadeo Bettolli le tendió una emboscada.“Fue un blanco fácil para el grupo fuertemente armado y recibió tres heridas, según lo constató el Equipo Argentino de Antropología Forense, una el tórax, mortal, otra en la pierna, provocándole rotura de huesos, y la última en el brazo”.
Vigay señaló que en la exhumación se encontraron 2 proyectiles en el cajón, que pueden no haber sido advertidos al momento y elevarían la suma de heridas a 5. Además precisó que se verificaron 6 impactos de bala en la fachada de la vivienda, es decir que se dispararon un mínimo de 11 tiros; “Esos 5 efectivos a resguardo, en posición de abanico, y contando con la sorpresa de la situación prácticamente funcionaron como un pelotón de fusilamiento” destacó. (Cabe acotar que con un bajo nivel de efectividad al contabilizarse más de la mitad de los disparos errados).
Luego de contrastar la reconstrucción de la emboscada con la versión oficial redactada por el imputado Rodríguez Valiente con un relato de una balacera protagonizada por Estigarribia llevando una granada y un revólver “simulados debajo de una campera en pleno verano chaqueño, y que se apersona a la vivienda y golpea en la puerta con el caño del arma, Vigay fundamentó punto por punto los testimonios en el juicio y gran variedad de pruebas documentales sobre las que se observa por un lado la falsedad del acta en cuestión, los “aprietes” a “testigos” (secuestrados y torturados al efecto), y la presencia y participación de los imputados en el hecho, en algunos casos como el de Bettolli, sobre la base su propia firma en actas e informes.
Para el caso Carlos Piccoli describió un idéntico modus operandi de emboscada y luego montaje de tiroteo, con la víctima acribillada mientras se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña, el 22 de abril del 79, al ser sorprendido por Alcides Sanferraiter y Carlos Chávez (fallecido). Vigay remarcó que las heridas en cabeza y el brazo “permiten reconstruir una trayectoria de disparos de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, a una distancia máxima de 7 metros de un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3. Piccolli pasó en su bicicleta entre ambos tirados y fue sorprendido y abatido”.
El tramo final de la declaración de Vigay detalló la secuencia de torturas a tres trabajadores rurales en el marco de operativos de rastrillaje y búsqueda de los dirigentes de Ligas Rogelio Vocouber y Secundino Vallejos, a la fecha desaparecidos que se realizaron a fines de agosto de 1976 en la zona rural de Villa Berthet. El fiscal resaltó por un lado los testimonios de las víctimas , Meza y los hermanos Brítez; “Personas muy humildes, que se acercaron a esta sala con miedo luego de los hechos que sufrieron y que relataron que escucharon el nombre del subcomisario Eduardo Wischnivetzky mientras eran torturados”. Asimismo sumó a las palabras de los sobrevivientes informes y actas de las propias fuerzas policiales por los cuales puede situarse al policía en toda la zona de los operativos, antes, durante y luego de las torturas llevadas a juicio.
Fuente: Prensa Comisión Provincial de la Memoria
