«La sentencia por discriminación racial abre puertas para tratarse en diversos ámbitos»
La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Greta Pena, consideró que la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 por violencia institucional con racismo en el caso Lucas González, es histórica porque «abre puertas para que la discriminación racial empiece a tratarse en ámbitos académicos, sociales y culturales, y no sólo desde lo jurídico».
Pena remarcó que: «En el Inadi insistimos en un concepto que es el ‘racismo estructural’, que no se refiere únicamente a la discriminación contra las personas afrodescendientes, sino que se inscribe en el color de piel, la nacionalidad y diversas situaciones socio-económicas, como el lugar donde vivimos y la ropa que usamos. Es una discriminación que está invisibilizada socialmente«.
Al respecto, la titular del Inadi consideró que: «El racismo esconde, en muchos casos, la reproducción de las desigualdades sociales y económicas. Estos discursos operan en las sociedades y pueden justificar hechos de violencia extrema como el de Lucas».
Además, «estas desigualdades no son aisladas, sino que forman parte de un sistema que diariamente afectan la dignidad y los derechos de las personas», enfatizó.
El último Mapa de la Discriminación de 2019, arrojó que en CABA el 35 % de las personas encuestadas sufrió algún tipo de racismo estructural, mientras que en el AMBA la cifra asciende a 59 %.
En ese sentido, la abogada y periodista remarcó que: «los datos, además revelaron que en las fuerzas de seguridad y en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires más exactamente, existe un perfilamiento racial en las detenciones».
Por otro lado, ya existe un precedente, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la Argentina en 2020 por la muerte de José Delfín Acosta Martínez, un afro-uruguayo bajo custodia policial, y ordenó al Estado a capacitar a las fuerzas policiales e implementar mecanismos que permitan un registro de las detenciones arbitrarias.
Sin embargo, Pena sostuvo que «si bien la Argentina aceptó la responsabilidad, no cumplió con la capacitación en sensibilización de las fuerzas de seguridad respecto al odio racial».
«Desde el Inadi hace tiempo que venimos señalando que la discriminación en la Argentina tiene un fuerte componente racial y no ha sido visibilizado en las sentencias judiciales. Sería importante que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires capacite a los funcionarios del sistema de administración de la justicia y las fuerzas de seguridad«, precisó.
«Se tiene que crear un sistema de denuncias que tenga la posibilidad de contemplar la categoría de ´discriminación racial´ cuando las personas denuncian. Hoy no lo tenemos», concluyó.
Fuente: Télam
