La Provincialización del Chaco, el histórico proceso de un anhelo
Rodrigo Gutiérrez Viñuales (Resistencia, Argentina, 1967) egresó de la Facultad de Humanidades de la Unne y actualmente es catedrático de Arte Latinoamericano en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada (España). A su vez, es miembro de la Academia Nacional de la Historia (Argentina) y su línea de investigación principal es el Arte Contemporáneo en Latinoamérica. En este trabajo, refiere a la Provincialización del Chaco y el histórico proceso de un anhelo, comprendido en el período 1884-1951.
Gutiérrez Viñuales impartió cursos en numerosas instituciones públicas y privadas de Europa y Latinoamérica y ha comisariado varias exposiciones y publicado numerosos estudios sobre estos temas entre libros, capítulos y artículos. Para la mejor comprensión del período abarcado en su informe, lo dividió en tres grandes etapas, distinguiéndose en cada una de ellas dos subperíodos. Como último punto, antes de concluir, se agrega una breve mención a los hechos posteriores a la provincialización, lo cual constituye una superficial referencia a un nuevo problema de investigación: la constitucionalización.
Conclusiones
Estas son sus conclusiones expuestas en el trabajo:
La falta de cumplimiento de las cláusulas de la ley Nº 1532 de organización y gobierno de los territorios nacionales, sancionada en 1884, originó enfrentamientos entre distintas fuerzas, nacionales y locales, cuyos móviles de lucha fueron variados. Los testimonios que acompañaron el desempeño práctico de estos movimientos, defensores o coartantes de los derechos legítimos del habitante del territorio, no dejan dudas sobre cuál era la situación del Chaco: legalmente, y tras un vertiginoso crecimiento demográfico, estaba, hacia comienzos de la década del veinte, en condiciones de provincializarse.
La realidad mostraba, de todas maneras, que ni siquiera se contaba con legislatura propia ni representación parlamentaria, limitándose la población a la elección de concejales municipales como todo derecho cívico. La situación no variaría hasta mediados de siglo. El desarrollo de la gobernación fue de carácter cambiante. Así, tras momentos de incertidumbre acentuados, sobre todo en los albores del novecientos, con servicios públicos desorganizados e inutilidad de la policía, cárceles y escuelas, el progreso territorial fue in crescendo. Se revirtieron en cierta manera estas contingencias desfavorables con avances sociales y culturales y, fundamentalmente, con notables adelantos en las fases económica e industrial: grandes cosechas de algodón, aumento en la elaboración de productos derivados del quebracho, destacada organización de los transportes mediante la comunicación ferroviaria con el Noroeste argentino y el servicio prestado por el puerto de Barranqueras, donde se recibía la producción regional para ser redistribuida a través del tráfico fluvial.
Un problema acuciante, de tipo político, que se dio casi invariablemente y en forma paralela a estas contingencias, fue la pésima administración ejercida por los gobernadores del territorio. Estos funcionarios, designados directamente por el P.E.N., se caracterizaron en las más de las veces por desconocer su lugar de actuación y los problemas específicos de sus distritos, por la falta de atribuciones eficientes en su jurisdicción, por la carencia del suficiente presupuesto para ejercer sus funciones y por ser, en la práctica de estas, manipulados por el Ejecutivo desde la Capital Federal.
Aquella coyuntura socio-económica en constante transición, sumada así al cada vez más agobiante estado político, con dichas administraciones alarmantes y la consabida falta de derechos cívicos en los habitantes, llevaron a la formación de diversos grupos o instituciones en el Territorio que propiciaron, cada una a su manera, el reconocimiento de las legítimas pretensiones. La primera fuerza de la que se tiene conocimiento fue la «Liga Territorial», creada en 1918, y que contó con la adhesión de grupos similares de Formosa y La Pampa. La siguieron, cronológicamente, el «Comité por un gobernador chaqueño» (1919), la «Unión Territorial del Chaco» (1920), la «Asociación de Fomento de los Territorios de Chaco y Formosa» (1922), la «Agrupación Pro Derechos Territoriales» (1930- 31), la «Alianza Civil Territorial» (1936) y el «Sindicato Único de Trabajadores Agrarios» (1945). Aquí también hay que señalar una organización interterritorial, la «Junta Permanente» (1922), formada por delegados de municipios, comisiones de fomento y sociedades rurales de los territorios. Estas asociaciones tuvieron como objetivos inmediatos la representación parlamentaria, la elección de gobernadores nativos y, algunas, la provincialización. Algunos gremios organizados con anterioridad para otros fines, intervinieron también en los reclamos: la «Sociedad Rural del Chaco» abogó hacia 1928 por la autonomía económica y la representación parlamentaria, mientras que la «Cámara de Comercio» apoyó la creación de la «Comisión Pro Capacitación Institucional» en los primeros años treinta, entidad que propiciaba la provincialización en el caso de que las tierras fiscales se convirtieran en «patrimonio provincial» y se erigiese asimismo un plan de «Instrucción Pública». Esta «Comisión» se oponía a la unión de los Territorios del Chaco y Formosa, intención de ciertos proyectantes del momento.
En la década del cuarenta fue la «Confederación General del Trabajo», sección Resistencia, quién se abocó a la lucha por la provincialización, trabajando a la par del «Sindicato Unico de Trabajadores Agrarios». Las mayores discusiones dentro del territorio se plantearon con motivo de la provincialización. Los distintos puntos de vista respecto de este cambio estructural comenzaron a chocar durante el período radical, alcanzando su punto álgido en los primeros años treinta y disminuyendo tangencialmente a mediados del mismo decenio, coincidiendo con la primera parte de lo que hemos propuesto denominar «Etapa de la consolidación de la provincialización como objetivo fundamental». Las fuerzas que se oponían a una autonomía inmediata eran principalmente la «Asociación de Fomento de los Territorios de Chaco y Formosa» y la «Comisión Pro Capacitación Institucional», además del naturalista e ideólogo de los iniciales reclamos locales, doctor Enrique Lynch Arribálzaga.
La posición provincialista, triunfante tras los dos Congresos de municipios chaqueños de 1933 y 1935, fue sostenida por la renovadora revista «Estampa Chaqueña», de gran difusión en la región, la «Junta Provincialista del Chaco» y la juventud socialista, aunque esta estaba más abocada a lograr la designación local de gobernadores. Este punto de vista se consolidó definitivamente tras los Congresos de Territorios Nacionales de 1939 y 1940. Los argumentos esgrimidos por unos y otros están detallados y clasificados más adelante. Mientras todo esto ocurría, la población trabajadora, el habitante común, ya sea por indiferencia o falta de concientización, se mantuvo al margen de los enfrentamientos sin definir una posición. La prensa no se mantuvo neutral. En 1915 apareció en el Territorio Nacional el diario «La Voz del Chaco», medio que, sumándose a «El Colono» (editado desde 1906) y a la revista «El Chaco», órgano de difusión de la «Asociación de Fomento» (desde 1927), llevaron adelante las luchas reivindicatorias de los derechos, tales como la representación parlamentaria y la elección de gobernadores nativos. Lo mismo, aunque en menor escala, puede señalarse para el periódico «Justicia». En el decenio siguiente uno de los baluartes fue «Estampa Chaqueña», de neta tendencia provincialista, fin perseguido también por el menos importante «Chaco Provincia». A nivel nacional, y luego de momentos de indiferencia, apoyaron los reclamos varios diarios metropolitanos: «La Razón», «La Nación», «La Prensa», «Crítica», «Noticias Gráficas», «La Vanguardia», «El Mundo», etc.
En cuanto a la acción de los poderes nacionales, podemos observar un ritmo inconstante en la presentación de proyectos de ley referentes a la organización de los Territorios Nacionales en el Congreso. En diputados se propició la representación parlamentaria de los mismos, por primera vez, en 1898 con Silvano Bores. Los proyectos se sucedieron con mayor frecuencia a fines de la década del diez y principios de los veinte y, a partir del intento de provincializar del presidente Yrigoyen, en 1922, comenzó también a proyectarse en la Legislatura, la autonomía de las gobernaciones. Los proyectos de provincialización se impusieron a los que propiciaban la designación de delegados al Congreso en el transcurso de la década del treinta. El puntapié inicial fue dado por el socialista Demetrio Buira en 1932. La importancia del citado problema desembocó en la creación en las Cámaras de sendas Comisiones de Territorios Nacionales. Con ellas mejoró la organización, a nivel nacional, de los reclamos. Luego de la «regresión» producida durante el período de gobierno de la «Concordancia», entre 1938 y 1943, y ya en la etapa peronista, la presentación de proyectos, otorgando la autonomía, con los mismos derechos que las catorce provincias, no sólo ya a Chaco, La Pampa, Misiones y Río Negro, sino también a Formosa y Neuquén, fue masiva.
El dominio oficialista en el Congreso fue un factor determinante, tanto que el Senado, que hasta ese momento, y debido a su conservadurismo, no había propuesto nunca la provincialización de los territorios, comenzó a hacerlo. El Plan Quinquenal dado por el P.E.N. comprendía, para luego de la ejercitación de una gimnasia política en los territorios, es decir, la elección de representantes, autoridades y legisladores locales, la provincialización. Esto significó simplemente un atemperamiento en tiempo ya que los ideales no sufrieron una regresión. Los primeros debates sobre autonomía de las gobernaciones se dieron en las dos cámaras legislativas en 1951, al discutirse el proyecto presentado en el Senado por Teisaire, que al fin se convertiría en la ley Nº 14.037 de provincialización. Analizando ahora el espectro político de la Legislatura Nacional, apreciamos acciones dispares. Partidos grandes como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, y otros más chicos, como el Partido Socialista Independiente, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Laborista, propiciaron el cumplimiento de la ley con diversos proyectos, pero fue el Partido peronista quien, finalmente, se encargó de hacer justicia.
Aquellas fuerzas políticas, o bien habían carecido de mayoría como para hacerla, o no se habían interesado demasiado por el asunto, o -como sucedió en varias oportunidades- proyectaron los cambios institucionales para los territorios como consecuencia de inmediatos fines electorales. La cuestión es que, hasta el momento de darse la provincialización, nada habían hecho. Para terminar estas conclusiones, haremos una breve clasificación de los argumentos sostenidos, a nivel local, por quienes se oponían a la provincialización y, a nivel nacional, por quienes retaceaban el otorgamiento de los derechos reclamados. Los rechazos en el ambiente territorial, esgrimidos casi todos por la «Asociación de Fomento de los Territorios de Chaco y Formosa», pueden clasificarse en:
Económicos:
1) ¿Cuál sería el presupuesto para el futuro desenvolvimiento de las nuevas provincias? Algunas soluciones fueron planteadas por los diputados Saccone, Cooke, Rouggier y Tommasi, y también por la «Comisión Pro Capacitación Institucional». Podían pasar a los nuevos Estados federales tierras fiscales y edificios públicos, además de otorgarse subsidios nacionales anuales durante un tiempo. 2) La situación del Chaco difería de la de La Pampa, la cual estaba rodeada de provincias importantes como Buenos Aires, Córdoba y San Luis. El problema de nuestro territorio era el de la existencia de gran cantidad de tierras fiscales que no podrían transferirse a un nuevo Estado. 3) El desarrollo industrial se había producido, en gran medida, debido a la acción de trabajadores y empresarios que venían desde las provincias a radicarse, para evitar así las cuantiosas gabetas que debían soportar en sus lugares de origen. Se temía que, con la autonomía, esta gente emigrara y el Chaco quedase en las mismas condiciones que las denominadas «provincias pobres». El problema de los nuevos impuestos podía solucionarse con un presupuesto nacional.
Políticos:
4) Se sostenía la falta de «gimnasia política», es decir el ejercitamiento cívico con la elección de representantes y legisladores propios, además de las autoridades gubernamentales. De esta corriente podemos señalar a Enrique Lynch Arribálzaga y, a nivel nacional, a las cláusulas del Plan Quinquenal del gobierno peronista. 5) Creían algunos que la autonomía del territorio traería el «virus de la politiquería». Estos temores no estaban muy infundados: la ejercitación de los derechos cívicos sería, ni más ni menos, una señal de progreso para la nueva provincia. 6) Hubo variadas reticencias a la provincialización cuando, durante la década del treinta, legisladores nacionales proyectaron la misma pero proponiendo la unión de Chaco y Formosa, convencidos de la similitud de ambas y de sus «buenas comunicaciones», lo cual no resultó demasiado cierto si tenemos en cuenta los testimonios oponiéndose a leyes de esta naturaleza.
En cuanto a los fundamentos sostenidos por los poderes nacionales, con el fin de mantener a los Territorios Nacionales en su mismo estado, retaceándoles los derechos correspondientes, también podemos clasificarlos en económicos y políticos. También citamos causas judicial y cultural.
Económicos:
1) La autonomía de los territorios supondría la creación de un sistema financiero diferenciado del presupuesto nacional y, por lo tanto, otro régimen impositivo. 2) A los intereses económicos de grandes terratenientes y otras fuerzas conservadoras les convenía la inferioridad legal de los territorios, para satisfacer así sus apetencias. Esta posición fue particularmente fuerte durante los gobiernos de Alvear, Ortiz y Castillo. 3) Temor de que al dar la autonomía económica a los territorios, la «incapacidad» -que sólo por desconocimiento, suponían los poderosos- los llevase a malos manejos y a crisis similares a las de las otras provincias.
Políticos:
4) Supuesta incapacidad política de los territorios para gobernarse a sí mismos. Habría que preguntarse si los gobernadores que mandaban desde la Capital Federal podían jactarse de «aptitud política». ¿Acaso no se iban a poder mejorar sus acciones en el poder? La experiencia demostró que cuando los gobernadores fueron nativos, tales los casos de Arbo y Blanco en 1920, Mac Lean en 1931 y Lagerheim en 1938, las cosas mejoraron. Tal «incapacidad» era infundada. Además la capacidad productiva del Chaco, ¿no era herramienta para medir la calidad del habitante?
La designación de gobernantes permitía al P.E.N., en la realidad, matar dos pájaros de un tiro: manejaba mediante estos títeres a los territorios y ubicaba asimismo, en algún puesto, a políticos desfavorecidos en alguna elección. 5) Las fuerzas conservadoras temían que con el ingreso de representantes de nuevas provincias al Senado, se rompiera el equilibrio existente entre las otras catorce. 6) Se creía que los pobladores extranjeros eran numéricamente mayoritarios en los Territorios Nacionales y, por lo tanto, una autonomía hubiera significado la entrega de la dirección de intereses nacionales a los mismos. No era cierto.
Judicial:
7) La provincialización significaría la creación de una justicia local a convivir con la federal. Se temía la superposición de jurisdicciones.
Cultural:
8) Hubo quienes, curiosamente, esgrimieron como argumento castrador, la falta de «desarrollo cultural» de los territorios. Tampoco era cierto: en la década del treinta se elevó el nivel educacional, siendo otros índices de auge la instalación de instituciones deportivas y sociales, bibliotecas, etc.
