La oposición se unió en Diputados para bajar las tarifas y subir las jubilaciones
El pedido fue firmado por Agustín Rossi, Pablo Kosiner y Graciela Camaño, jefes del Frente Para la Victoria-PJ y el Frente Renovador, que hablaron este miércoles y armaron un listado de 33 proyectos para abrir el recinto sin esperar a Cambiemos.
Si suman al resto de la oposición, tienen una mayoría capaz de dominar cualquier sesión hasta fin de año, con Cambiemos de testigo preferencial. La última vez que abrió fue el 18 de diciembre.
«Monzó no nos atiende, no tiene línea para debatir nada, entonces de ahora en más la agenda la vamos a manejar nosotros» anticipó a LPO uno de los diputados encargados de definir el temario.
La fusión opositora se asemeja al Grupo A creado por la oposición en tiempos de Cristina Kirchner, que se quedó con la llave del recinto y aprobó varias leyes incómodas frenadas luego por el Senado peronista.
Cambiemos siempre tuvo minoría en el Congreso, pero los jefes opositores nunca se preocuparon por armar un equipo de trabajo que le marque la agenda, porque Monzó siempre supo aprovechar la interna entre kirchnerismo y el PJ.
Se unieron pocas veces, pero en algunas lograron molestar mucho al Gobierno como cuando sancionaron la ley antidespidos en 2016 o la que eliminaba los tarifazos el año pasado. Ambas fueron vetadas por Mauricio Macri.
Hay proyectos para declarar por un año la emergencia alimentaria y nutricional y el kirchnerismo sumó leyes sobre violencia de género y una para declarar la emergencia en fabricaciones militares de Fray Luis Beltrán.
Agregaron, además, la ley para reincorporar a los trabajadores cesanteados de esa fábrica aprobada este año por el Senado por presión del peronista cordobés Carlos Caserio. Tienen el número para aprobarla.
La embestida podría culminar con un pedido de preferencia para tratar varios decretos firmados por Macri en enero y rechazados por la bicameral de trámite legislativo, como el de que elimina la secretaría de deportes y la extinción de dominio, un proyecto civil para expropiar bienes originados por la corrupción.
Camaño quiere eliminarlo y sancionar su versión, muy similar, aproada en 2016 y modificada por el Senado el año pasado. Lo negocia con sus nuevos socios.
