El juez local, José Luis Haertel, dijo que esta instancia «es un escudo para los más vulnerables». Pese a sus limitaciones pidió ayuda para que un chico pueda tener acceso a un control más complejo para su salud
En tiempos donde las dificultades sociales y económicas afectan a muchas familias, la Justicia de Paz y Faltas logró emerger como una instancia crucial en la protección de los derechos de los más vulnerables, dice a NORTE el juez de Paz y Faltas de Campo Largo, José Luis Haertel.
Sostiene que con su pro‑ ximidad y accesibilidad, el organismo busca brindar respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de desesperación, como la de un padre que, angustiado, acudió al juzgado buscando auxilio.
El juez Haertel, junto con su equipo, tomó el caso a partir de una solicitud espontánea del padre, quien llegó sin representación legal. Según explicó el juez, la Justicia de Paz en la localidad es accesible para todos los ciudadanos, lo que per‑ mitió al hombre plantear su situación desesperada. El caso fue abordado con rapidez.
«En menos de una se‑ mana ya teníamos los infor‑ mes socioambientales y médicos necesarios para tomar una decisión», explicó.
Por ello, la Justicia deci‑ dió intervenir de inmediato, solicitando a los Ministerios de Salud y Desarrollo Humano de la provincia que proporcionen el tratamiento y la medicación necesarios para estabilizar al niño.
«Esta rápida actuación fue fundamental para garanti‑ zar que el menor no siga sin tratamiento médico», dijo Haertel.
ESTADÍSTICAS ALARMANTES
Según la ley 26.689, que ampara a personas con en‑ fermedades poco frecuentes, «el Estado debe garantizar el acceso a tratamientos». Sin embargo, la reali‑ dad dista mucho de lo que establece la normativa.
«En el caso del Chaco, el acceso a tratamientos especializados es limitado. El padre del niño ha sido identificado como «changarín» (trabajador informal), lo que significa que carece de obra social o cualquier otro tipo de cobertura médica, lo que agrava aún más su situación», explicó el Juez Haertel.
EL DERECHO A LA SALUD
El Juzgado de Paz y Faltas de Campo Largo tiene com‑ petencias limitadas en casos como este, ya que se especializa en adoptar medidas urgentes en situaciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, como subrayó el juez Haertel, «la gravedad del ca‑ so obligaba a la Justicia a to‑ mar una postura más activa».
Y agregó: «El derecho a la salud, y más aún el derecho a la vida, estaban en riesgo en este caso. Por eso decidimos actuar de esta manera».
A ello, sostuvo que «este es el primer caso de este tipo en Campo Largo, y podría sentar un precedente legal impor‑ tante en la región».
Según el juez, se espera que otros casos similares sean atendidos con la misma celeridad para garantizar que todos los niños con enfermedades gra‑ ves reciban el tratamiento que necesitan.
INCERTIDUMBRE PARA LA FAMILIA
La realidad para esta fami‑ lia sigue siendo difícil. Según explicó el Juez, «el padre, que vive al día con trabajos informales, no tiene los medios para costear los viajes ni los medicamentos que su hijo necesita. Además, la salud del niño sigue en peligro, si no se garantizan controles periódicos y un tratamiento constante».
Y remarcó que: «Este chico vive aislado por miedo a las infecciones, si no se arbitran los medios necesarios, su vida sigue corriendo peligro».
Asimismo, Haertel señaló que «a pesar de la intervención judicial, el proceso para asegurar una solución integral es lenta. Hasta el momento, los ministerios implicados comenzaron a moverse, pero las medidas urgentes aún no se han implementado de forma completa. Se espera que la difusión del caso acelere el proceso y permita que el niño acceda al tratamiento necesario en un centro especializado».
Por último, el juez dijo: «Esperamos que este antecedente inspire otras intervencio‑ nes en pro de quienes más lo necesitan».
La secretaria del Juzgado, Jessica González, remarcó en diálogo con NORTE que «la Justicia de Paz se caracteriza por su cercanía con la comunidad. Acá el ciudadano viene y habla directamente con el juez», mencionó, subrayando la accesibilidad de esta instancia judicial.
Y destacó que «este tipo de justicia, aunque con competencias limitadas, tiene la capacidad de actuar rápidamente y adoptar medidas en beneficio de los afectados con un claro objetivo, que es brindar respuestas efectivas a las personas que acuden a sus oficinas en busca de soluciones».
A pesar de las limitaciones impuestas por la ley, la Justicia de Paz supo adaptarse para dar respuestas en casos de extrema necesidad.
«A veces rozamos el límite de nuestra competencia, pero es mejor hacer que no hacer», reconoció González, refiriéndose a la flexibilidad con la que trabajan para asegurar que ninguna solicitud quede sin atención.
Y acentuó que este tipo de enfoque «es vital en un momento en que, como indican las cifras, las dificultades sociales afectan a un gran porcentaje de la población».
Fuente: Diario Norte.
