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La Justicia abrió el concurso de acreedores de Vicentín

Lo dictaminó un juez de Reconquista. La empresa había presentado el pedido en febrero. Ayer no cumplió con un embarque y defaulteó un fideicomiso financiero.

La Justicia de la provincia de Santa Fe declaró hoy la apertura del concurso de acreedores de la empresa Vicentín, una de las principales agroexportadoras de la Argentina. El día de ayer entró en cesación de pagos con los tenedores de un fideicomiso financiero por u$s 50.000 para financiar sus ventas externas.

El juez de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, hizo lugar al pedido que había formulado la compañía el mes pasado, para enfrentar una deuda de 1.350 millones de dólares. De ese total, unos mil millones de dólares es deuda con entidades bancarias, y el resto a firmas del sector agrícola. El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa con $18.000 millones, seguido por el Provincia con $1.600 millones y el BICE con $5 millones.

El concurso fue tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia Distrito Nro. 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista.

En el fallo, se detalló la lista de acreedores: 1.895 por compra de granos, 586 de bienes y servicios, 37 financieros, 19 fiscales y aduaneros, 98 accionistas y tres sociedades vinculadas. En total, existen 2.638 legajos por una suma de casi 100 mil millones de pesos.

Al momento de solicitar el concurso de acreedores, Vicentin aseguró que «se propone continuar trabajando con sus proveedores y productores granarios sobre la base de las condiciones ya planteadas, como así también seguirá manteniendo las conversaciones avanzadas con el Banco de la Nación Argentina y demás instituciones oficiales y con el resto de las instituciones financieras, todo ello con el objeto de llegar a un acuerdo general apoyado en un plan de negocios sustentable sobre esas bases y en el marco de este nuevo contexto».

La empresa argumentó que la situación financiera que atraviesa es consecuencia de la volatilidad de lo mercados internacionales, el endeudamiento comercial, las condiciones climáticas adversas, la importación de materias primas de Brasil y Estados Unidos y «el abandono por parte del Gobierno nacional en 2018 de las políticas arancelarias que promovían la mayor rentabilidad del sector».

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