La Guardia Whasek dejará de funcionar: deberán entregar sus uniformes y armas
El gobernador e integrantes de la guardia comunitaria alcanzaron un acuerdo: la provincia asegura más intervención en la zona; a cambio, la guardia entrega armas y uniformes.
En una reunión llevada a cabo en la sede de Gendarmería Nacional en Sáenz Peña, de la que participaron el gobernador Jorge Capitanich, el juez federal de Sáenz Peña Miguel Aranda y referentes de la Guardia Whasek, alcanzaron un acuerdo en el que dejaron claro que la guardia Whasek dejará de funcionar como tal.
Así lo aseguró el gobernador Capitanich tras la reunión, al asegurar que “el gobierno de la provincia se compromete a realizar diseño y ejecución de múltiples políticas públicas, provisión de agua potable, mecanismos de intervención sanitaria, educativa, pero también la guardia Whasek deja de funcionar como tal a través de un procedimiento en donde en primer lugar se comprometen a no usar más uniformes y entregarlos, entregar todas las armas que hayan sido utilizadas”.
Cabe remarcar que la Guardia Whasek es un grupo formado por personas de la comunidad Wichí y se vio envuelto en varias polémicas. Es que desde sus inicios se mostraron como un grupo de policía paralela en la zona de El Sauzalito, usando uniformes y armas. Recibieron varias denuncias por efectuar violentos controles en determinadas zonas y durante la semana pasada mantuvieron cortada una ruta en reclamo a la detención de uno de sus integrantes. «Ellos plantean desde siempre un problema de inacción del Estado», señaló Capitanich al explicar la formación de la guardia comunitaria.
En ese sentido, la negociación también incluyó que la guardia comunitaria acate plenamente el ejercicio del poder de policía que corresponde al estado federal y provincial.
Según el jefe provincial, arreglaron alcanzar un mecanismo de solución de controversias de modo pacífico a través del acceso a la justicia y desde el Ejecutivo se comprometieron a acercar el Estado de manera inmediata, por lo que instalarán una oficina de Derechos Humanos y una oficina de acceso a la justicia nacional y provincial.
“Muchas veces ellos no se sienten escuchados respecto a operaciones de contrabando o narcotráfico que eventualmente puede involucrar a ciertos personajes que nunca son tocados”, dijo Capitanich y confirmó que lo acordado hoy se instrumenta de forma intemdiata.
“Deberían terminarse los conflictos conforme a lo estipulado en este acuerdo y a su vez también promover un mecanismo de comunicación adecuada, esto requiere también un mecanismo en donde las comunidades originarias entre sí y comunidades originarias y criollas puedan convivir pacífica y civilizadamente con políticas públicas que garanticen el derecho de todos”, añadió.
“No al narcotráfico, no al contrabando, no al corte de rutas de un modo unilateral, no al ejercicio de un poder de policía paralelo, nada de eso, el estado de derecho”, cerró de manera contundente el gobernado.
Por su parte, el juez federal Miguel Aranda, que medió entre la guardia comunitaria y la provincia, detalló que «si este acuerdo se cumple por las partes la acción penal no prospera».
«El cumplimiento del acuerdo debe realizarse para impedir que la acción penal prospere. En principio hay hechos investigados que si realmente se cumple el acuerdo que han firmado las partes, no va a haber una sanción penal sobre los presuntos responsables», agregó el juez.
Luego el representante de la comunidad Wichí celebró el acuerdo y manifestó que «bastaba solamente conversar para ponerse de acuerdo en este sentido: mayor presencia de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, mayor asistencia a los miembros de la comunidad Wichí y la voluntad de ellos de reconocer la autoridad del Estado».
