La Fundación Huésped emitió un comunicado sobre la niña violada en Jujuy: “Es una maternidad forzada”
Una nena de 12 años pidió una interrupción legal del embarazo (ILE) tras haber sido violada por un hombre de 58. En vez pasó por una cesárea a las 24 semanas de gestación.
“Una cesárea practicada a una nena de 12 años embarazada producto de una violación y un bebé en neonatología no es Interrupción Legal del Embarazo, es maternidad forzada. Un acta de nacimiento y un proceso de adopción abierto tampoco es lo que indica la ley”, así arrancó el mensaje emitido desde Fundación Huésped a propósito del caso ocurrido en Jujuy.
La niña afectada, que fue violada por un vecino de su familia en San Pedro, Jujuy, llegó con su madre al Hospital Materno Infantil de la capital provincial con la intención de pasar por una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que sólo se realiza en ese centro médico de acuerdo al Protocolo de Aborto No Punible al que adhiere el distrito.
Pero los tiempos se alargaron, los días pasaron y la paciente llegó a las 24 semanas de gestación sin que se cumpliera su deseo -y el de su madre- de acceder a la ILE.
“Una niña sin recursos, abusada por un hombre de 60 años, amenazada de muerte, y con un embarazo avanzado que se acerca al Estado que debía protegerla en busca de ayuda y recibe estas respuestas es una niña cuyos derechos fueron vulnerados demasiadas veces”, expresaron desde la Fundación Huésped.
“A pesar de que en nuestro país el aborto es legal por tres causales y en su caso se cumplían dos (había sido violada y tenía riesgo de vida), el Estado obligó a una nena de 12 a pasar por una cesárea. A la fuerza”, sentenciaron.
“A fuerza de ‘profesionales de la salud’ que no detectaron el embarazo cuando la niña asistió primeramente al centro de salud y, luego, con el embarazo avanzado, obstaculizaron y demoraron intencionalmente la práctica contemplada dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. A fuerza de intereses políticos, que interpusieron recursos de amparo y que se manifestaron en la puerta del hospital. A fuerza de creencias personales por encima de la salud pública y la ley vigente desde 1921”, informaron.
“En este caso, el Estado provincial en Jujuy no estuvo ausente. Estuvo presente por acción y por omisión: impidió el derecho de la niña a la educación sexual integral que permite reconocer y denunciar un abuso, obstaculizó el acceso a los protocolos de actuación para estos casos, detallados en los ‘Lineamientos sobre Abusos Sexuales y Embarazo Forzado en la Niñez y Adolescencia’, violó su derecho a la privacidad. El Estado provincial es responsable”, expresaron desde la organización que abrazó la causa por la legalización del aborto.
Fuente: Minuto Uno.
