En el inicio del juicio en el Tribunal Superior Electoral acusó al expresidente brasileño del delito de abuso de poder y de poner en duda el sistema electoral ante autoridades extranjeras.
La fiscalía electoral de Brasil pidió este jueves la inhabilitación política del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) hasta las elecciones de 2030 por haber abusado del poder del Estado para difamar el sistema electoral ante autoridades extranjeras e intentar influir en los votantes sobre un fantasma de fraude en los comicios que perdió en octubre ante el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Así comenzó el primer día de juicio en el Tribunal Superior Electoral por los delitos contra la ley electoral cometidos por la fórmula Bolsonaro-Walter Braga Netto y cuyo resultado, si es de condena, deberá reconfigurar a la oposición para las presidenciales de 2026, con un nuevo candidato que absorba el legado de popularidad del líder ultraderechista.
El juicio continuará el próximo martes a las 19 -con chances de finalizar ese mismo día- con el voto de los magistrados de la corte electoral, luego de que este jueves se iniciaran las audiencias con la acusación del vicefiscal general del Ministerio Público Electoral, Paulo Gonet, el relator del proceso, juez Benedito Gonçalves, el defensor de Bolsonaro, Tarcisio de Veira de Carvalho, y el abogado del Partido Democrático Laborista, el autor de la denuncia original.
«Si me condenan será una afrenta para la democracia. Seguiré siendo el ex más querido de Brasil y sigo vivo, desde algún lado seguiré colaborando con mi país», aseguró Bolsonaro, quien viajó a un evento del Partido Liberal en Porto Alegre, Río Grande do Sul, para repudiar el proceso en su contra.
En caso de inhabilitación, Bolsonaro no podrá participar de las elecciones presidenciales, a gobernador y legislativas de 2026 y de dos comicios municipales.
La fiscalía pide inhabilitar a Bolsonaro porque el 18 de julio de 2022 reunió a más de un centenar de embajadores en el Palacio de la Alvorada en Brasilia para denunciar, sin pruebas, la existencia de supuestos complots y errores informáticos que iban a conspirar en su contra en los comicios en los que finalmente venció Lula en las dos vueltas de octubre.
La reunión, con exhibición de gráficos, fue transmitida por la televisión oficial y las redes del gobierno.
La fiscalía dijo que Bolsonaro utilizó esa denuncia ante los embajadores como punto de partida para una serie de acciones destinadas a minar la credibilidad de todo el sistema electoral, llevando a sus seguidores a adoptar ese discurso hasta después de los comicios, cuyos resultados fueron aceptados por todo el arco político.
«Lanzar propuestas a la ciudadanía que socavan la legitimidad del proceso electoral en vísperas de su realización, que ya había sido negada, sin exponer las nuevas bases que las sustentan, no es contribuir al progreso de las estructuras de la democracia, es degradar la democracia conscientemente”, indicó.
El fiscal Gonet aseguró que la reunión con los embajadores extranjeros se trató de una “maniobra electoral”, «manipulando información, sin pruebas» y defendida como si fuera el derecho a la libertad de expresión.
“El llamado a desconfiar de las elecciones no arrojó la mayoría de votos, pero provocó reacciones de desconfianza de parte de la población sobre la legitimidad de las urnas, como nunca se había visto desde la constitución de 1988”, criticó.
La denuncia
El autor de la denuncia es el PDT, del excandidato presidencial derrotado Ciro Gomes, fuerza que hoy forma parte de la base parlamentaria de Lula y que tiene a su cargo el Ministerio de Previsión Social.
En su discurso, el abogado Walber de Moura Agra usó la estrategia de vincular la reunión con los embajadores con un contexto más amplio de ataques antidemocráticos y de intentos de desprestigio del sistema electoral, que culminó con los actos de intento de golpe de Estado del 8 de enero en Brasilia.
Bolsonaro tuvo una «obsesión golpista», aseguró el letrado querellante, citando el hallazgo en la casa del exministro de Justicia bolsonarista Anderson Torres de un documento con el bosquejo institucional para un golpe militar para evitar la asunción de Lula.
Torres era el secretario de Seguridad de Brasilia el 8 de enero y está detenido con prisión domiciliaria por haber liberado la zona y permitido el asalto a los edificios públicos para que los bolsonaristas pidan al Ejército un golpe para destituir a Lula.
Bolsonaro argumentó que no se pueden incorporar elementos posteriores a la reunión con los embajadores, porque se estaría viciando el proceso. Es que así fue decidido en 2017 por la corte electoral cuando juzgó la legalidad de la elección de Michel Temer -exvicepresidente de Dilma Rousseff- y rechazó incorporar acusaciones de financiación ilegal de la campaña hecha por la constructora Odebrecht.
El abogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho, pidió despolitizar este proceso. “El bolsonarismo no está en juicio como nos quieren hacer creer», disparó.
Vieira de Carvalho dijo que la discusión sobre el sistema de voto electrónico no puede ser considerada un tema tabú en democracia y que el encuentro fue un evento diplomático.
Según él, Bolsonaro solo intentó proponer un debate público para mejorar el sistema, pero usó un «tono inapropiado».
En el bolsonarismo las esperanzas para evitar una inhabilitación la semana que viene es que el juez Marques Nunes pida «vista» del proceso para analizar el voto y postergar la decisión por el plazo legal máximo de 90 días.
Fuente: Télam
