La Defensoría del Pueblo presentó un amparo para que el Ejecutivo cumpla la Ley Nacional de Bosques
La Defensoría del Pueblo de Chaco presentó una acción de amparo ante la justicia civil y comercial para que se disponga el cumplimiento de la Ley Nacional de Bosques en la provincia.
El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, sostuvo que “previamente a la presentación ante la Justicia, se acudió a todas las instancias para evitar el conflicto judicial, pero ante la falta de respuesta del Ejecutivo chaqueño se presentó la acción de amparo”.
Según recordaron desde la Defensoría, la situación se remonta a enero de este año, cuando el gobierno provincial decretó nuevos procedimientos para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pero no suspendió los desmontes autorizados previamente. En marzo, ante la denuncia de varias ONGs sobre la continuación de tala de bosques nativos, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ejecutivo provincial suspender las autorizaciones de desmontes en zonas Amarillas –Categoría II- hasta que se verifique el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Nacional 26.331 –Ley de Bosques- establecidas a tal fin. También se solicitó el control periódico de dichas suspensiones.
Corregido explicó que la intención de la recomendación fue solucionar la problemática de desmontes sin llegar a la Justicia, pero “el gobierno provincial no emitió respuesta alguna, por lo que la Defensoría no contó con ningún tipo de información oficial al respecto”.
Por lo que desde la Defensoría, se decidió acudir a la Justicia y se presentó una acción de amparo contra la Subsecretaría de Recursos Naturales y/o Ejecutivo Provincial para declarar la nulidad de permisos y se cumpla con el procedimiento establecido en la Ley de Bosques para el ordenamiento territorial; mientras la cuestión de fondo se resuelve, la justicia decretó una medida cautelar innovativa que suspendió los desmontes en la nombrada zona correspondiente a la Categoría II, que corresponde a “sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”.
“Varios permisos otorgados por la provincia para efectuar desmontes fueron cuestionados, estamos atacando esos permisos”, explicó Corregido y aclaró: “De ninguna manera paralizamos la actividad forestal, sólo atacamos los 53 permisos otorgados en las condiciones modificadas por el nuevo decreto, pero los sectores forestales pueden recurrir a nuevos permisos cumpliendo con la ley”.
Además, el defensor del Pueblo del Chaco lamentó no haber recibido respuesta del Ejecutivo ante la recomendación efectuada por la institución que preside y expresó: “Qué bueno hubiese sido que la provincia nos haya contestado antes de interponer el amparo, así nos evitábamos un proceso judicial”.
Cabe destacar que en el expediente del caso se han presentado diversas organizaciones ambientalistas adhiriendo a los argumentos de la Defensoría del Pueblo del Chaco, como Greenpace y la Asociación Civil Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos.
En la causa se abrió la participación de todos los sectores interesados para alcanzar un acuerdo que beneficie a los involucrados pero resguardando el medioambiente. El 17 de septiembre se realizará la audiencia de vista de causa para analizar las pruebas presentadas hasta el momento.
Fuente: DiariocChaco
