La CGT y organizaciones sociales protestaron en Tribunales contra el DNU de Milei
La central obrera concentró junto a las dos CTA, la Unidad Piquetera y la UTEP, entre otras representaciones sindicales y organizaciones de Derechos Humanos. El Gobierno nacional activó nuevamente la implementación del protocolo de orden público que instrumenta el ministerio de Seguridad.
La CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda, entre otras organizaciones sociales y gremiales, concentraron en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que desregula la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales, para acompañar una presentación judicial contra esa medida, la cual fue rechazada porque el DNU todavía no entró en vigencia.
Con la consigna «Abajo el DNU», la concentración fue convocada en las calles Lavalle y Talcahuano, en el centro porteño, con el objetivo de acompañar la presentación judicial de la central obrera, y de otras medidas cautelares -ya fueron presentadas más de una docena- que buscan frenar los alcances del DNU firmado por el presidente Javier Milei.
A través de sus abogados, la central obrera presentó en las últimas horas ante la Justicia un recurso de amparo para que se suspenda “en forma urgente” la aplicación de la reforma laboral del DNU y un pedido de declaración de certeza de constitucionalidad de la norma dictada por Milei, que quedó radicada en el juzgado nacional del Trabajo N° 69, a cargo de José Ramonet.
Cerca del mediodía, el juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet desestimó el dictado de una medida cautelar «interina» para suspender la vigencia de artículos vinculados a la reforma laboral incorporada en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación de la economía, ya que aún no está en vigencia.
En el marco de la jornada de protesta, el gobierno nacional activó nuevamente la implementación del protocolo de orden público que el ministerio de Seguridad puso en marcha el miércoles pasado, cuando la agrupación Unidad Piquetera marchó a la Plaza de Mayo para expresar distintos reclamos a Milei y recordar a las más de 30 personas muertas en las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001.
El Gobierno dijo que usará «todas las medidas de disuasión»
En diálogo con la prensa, Bullrich reiteró que su cartera hará cumplir el protocolo de orden público presentado por el Gobierno para este tipo de protestas, lo que implicará que “no habrá carriles liberados” para que se desplacen los manifestantes y que no podrán producirse cortes de calles.
En tanto, el martes, el portavoz presidencial Manuel Adorni le recordó a la ciudadanía que continúa abierta la línea telefónica 134 para que se comuniquen allí quienes «se sientan extorsionados para ir a movilizarse», mientras que la ministra hizo un llamado «a la reflexión a quienes tienen planes sociales», al afirmar que «el que corta una calle, no cobra».
Tanto Adorni como Bullrich, ambos en sendas ruedas de prensa, dijeron que se encuentra vigente el protocolo de orden público que el Gobierno que puso en marcha el miércoles pasado,
El «protocolo antipiquetes» prevé, entre otros puntos, la actuación de las fuerzas de seguridad sin que necesariamente medie una orden judicial cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.
La cartera que conduce Bullrich informó el martes que la CGT «presentó una solicitud» para realizar el acto en Plaza Lavalle y lo consideró un «hito en las formas de llevar a cabo manifestaciones en espacios públicos».
«La CGT se compromete a acatar las resoluciones N° 706 y demás normativas aplicables a eventos masivos en espacios públicos, siendo advertido que el incumplimiento conllevará a la caducidad del permiso», se expresó en el comunicado y explicaron que en el permiso otorgado para la movilización «se los insta a coordinar (las acciones) con el Comando Unificado, conformado por las 5 fuerzas federales y el Gobierno de la Ciudad».
Incluso este miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, valoró que la CGT haya cumplido con los pasos previos para la realización de la marcha y les pidió a sus autoridades que generen «un acto pacífico”.
“La CGT mandó un pedido de uso de espacios públicos y presentó una póliza de 10 millones de pesos” para cubrir eventuales daños que pueda provocar la movilización. Se han comprometido a dejar el espacio tal cual lo reciben, y esto significa un cambio importante”, remarcó la funcionaria.
Desde la publicación del DNU, la CGT expresó su rechazo a la medida, convocó a esta manifestación y llamó para este jueves a una reunión del Comité Central Confederal para definir un plan de lucha que podría incluir una huelga nacional de 24 horas de duración.
