La Cámara Nacional Electoral reclama 2700 vacunas para avanzar con los preparativos electorales
Cuando faltan cinco meses de la fecha fijada para las elecciones primarias, la Justicia tiene un número y arrastra un reclamo sin respuesta. Calculó que tiene 2700 empleados que deben ser vacunados de inmediato para organizar el proceso electoral. Y aunque ya le pidió al Gobierno siete veces en lo que va del año que los inocule, hasta ahora cosechó silencio como respuesta.
«Resulta imprescindible insistir en la más urgente provisión de vacunas para los empleados permanentes y contratados del fuero electoral», alertó el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, en el último de los oficios que le llegó a la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, la semana pasada.
El oficio, que también se envió al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, es el séptimo que la Justicia comenzó a enviar a principios de año, es decir, antes de que estallara el escándalo de las vacunas VIP o de los dardos que lanzó el presidente Alberto Fernández contra el Poder Judicial en la apertura de sesiones del Congreso. Los envió como parte de sus aprestos para organizar las elecciones de medio término previstas para agosto, las PASO, y octubre, las generales, en plena pandemia.
Cumplir con ese cronograma electoral, le remarcó Corcuera a los ministros Vizzotti y De Pedro, conlleva «tareas [que] exigen inexorablemente la realización de trabajo presencial, en circunstancias que impiden en todo momento mantener el distanciamiento previsto como medida de prevención por las directivas emitidas por la autoridad sanitaria».
Hasta ahora, sin embargo, ese y las anteriores seis tandas de oficios similares que se enviaron durante las primeras ocho semanas del año -y que se remitieron además a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia- no registraron respuestas.
El último oficio de la Cámara Nacional Electoral, que también integran Alberto Dalla Via y Raúl Bejas -designado por el presidente Fernández-, se envió a Vizzotti el miércoles 24, cuatro días después de que asumiera en reemplazo de Ginés González García, desplazado por el escándalo de las llamadas «vacunas VIP».
Ese escándalo expuso que un número aún sin precisar de personas accedieron a la primera o a las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V, sin cumplir los requisitos de edad o de funciones estratégicas -como ser personal de salud-, tanto en la jurisdicción nacional como en distintas provincias y municipios de todo el país.
Desde la Cámara consideran, sin embargo, que la ausencia de una respuesta oficial a sus siete tandas de oficios en dos meses para acceder a 2700 vacunas no se debe al escándalo que provocó la salida de González García, ni a la escasez de insumos. Respondería al debate que divide al oficialismo entre mantener, suspender, postergar o eliminar las PASO, tal y como pidieron 19 de los 24 gobernadores en las últimas semanas.
«La vacuna sirve para detener procesos estratégicos, también», indicaron desde la Cámara, en alusión a la escasez de insumos que podría servir de argumento para, ante los riesgos sanitarios, reformar el proceso electoral previsto para este año.
Desde la Casa Rosada, al menos por ahora, afirman que las PASO se mantendrán en la fecha ya prevista si la propuesta para modificar el proceso no cuenta con el apoyo de todo el arco político. «Si el Congreso logra el consenso necesario para hacer una modificación en las PASO, vamos a adaptarnos; pero el motor del debate no puede ser la especulación electoral sino la salud de los argentinos», afirmó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, a principios de febrero.
Quince días después, sin embargo, el todavía ministro González García expresó otra visión sobre las PASO. «Para mí es un riesgo innecesario, absolutamente innecesario. Todo lo que es evitable debe ser evitado. No están dadas las condiciones sanitarias», afirmó. «Si estamos intentando vacunar a mucha gente para disminuir los casos, cualquier agrupamiento como estos genera ampliación de la transmisión».
Sin embargo, la llave para arribar a un consenso podría ser un proyecto de ley que ya se presentó en la Cámara de Diputados, según coinciden desde el oficialismo y la oposición. Lo presentaron los radicales Carla Carrizo y Emiliano Yacobitti, del espacio de Martín Lousteau, y propone correr la fecha de las PASO para septiembre, para acotar el tiempo entre las primarias y las generales.
Pero mientras la dirigencia política define qué hacer, la Justicia electoral sigue sin recibir una respuesta a sus oficios, cuando restan días para que comience con sus aprestos en todo el país. «Es prioritario insistir en la necesidad de que se provea a la Justicia nacional electoral de los aludidos medios de inmunización como único medio eficaz de preservar la salud de los agentes que deberán ser inmediatamente convocados a prestar tareas de modo simultáneo y sin posibilidad de garantizar que se cumpla cabalmente con otras medidas de prevención supletorias».
Dadas esas tareas, indispensables para cumplir con el proceso electoral, la Cámara Nacional Electoral considera que los 2700 empleados deben ser considerados «personal estratégico», aunque de manera progresiva, de acuerdo al plan para la vacunación contra el Covid-19 que el Ministerio de Salud aprobó a fines de 2020. Por ahora, no obtuvo respuesta.
