La Cámara Federal ordenó la detención de Julio De Vido
La Cámara Federal ordenó hoy la detención del diputado nacional Julio De Vido en la causa por la presunta defraudación al estado nacional en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio.
«Se verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente como para presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso, su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación», sostuvo en su voto el camarista Irurzun.
Por mayoría la Sala II de la Cámara le encomendó al juez federal Luis Rodríguez que primero le pida a la Cámara de Diputados que le quite los fueros que le dan inmunidad de detención a De Vido.
La decisión fue tomada por los camaristas Irurzun y Lepoldo Bruglia que hicieron lugar al pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli. Por su parte, el tercer integrante de la Sala, Eduardo Farah, votó por el desafuero de De Vido pero no por su detención.
Ahora el juez Rodríguez –quien investiga el caso– deberá pedirle a la Cámara de Diputados que el desafuero de De Vido. El margen para tener una opinión contrario es poca. La Cámara dijo que Rodríguez «debe» pedir el desafuero para detenerlo. El juez había negado el pedido de detención en julio pasado cuando Stornelli lo había solicitado.
Los camaristas que ordenaron la detención de De Vido entendieron que hay riesgo de que entorpezca la causa por su cargo de diputado nacional.
«Parte de la actividad legislativa que desarrolla actualmente en su condición de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados se encuentra íntimamente ligada, precisamente, con la actividad del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio», agregó Irurzun en su voto. El camarista señaló que hubo «dificultades para reunir la documentación» de la causa.
En la misma se pronunció el Bruglia. El camarista señaló que De Vido «tendría a su alcance las oportunidades y los medios necesarios -considerando especialmente la capacidad de influenciar y determinar a terceros- para intentar entorpecer la pesquisa y provocar una grave afectación al avance del proceso y a la averiguación de lo ocurrido».
