La Argentina protestó ante el Reino Unido por anuncio de nuevos ejercicios militares en Malvinas
La Cancillería convocó a la embajadora británica en la Argentina, Kirsty Hayes, para expresarle la «protesta» y el «contundente rechazo» del Gobierno a la «intención» de ese país de «introducir nuevos actores militares» en las Islas Malvinas, en referencia a la posible presencia de soldados de Kosovo.
La citación a Hayes ocurrió el martes último, según informó hoy en un comunicado la Cancillería que conduce Santiago Cafiero.
De esa forma, el Palacio San Martin se refirió a los «anuncios publicados en los medios respecto a que la pretendida asamblea de Kosovo habría decidido enviar a las Islas Malvinas hasta siete miembros de las Fuerzas de Seguridad (KBS) de Kosovo, en el marco de «una operación de apoyo a la paz de conformidad con un acuerdo suscripto con el Reino Unido sobre la incorporación de personal de las KBS en el ejército de infantería británico en Malvinas».
Por ese motivo, la Cancillería convocó en la tarde del pasado martes 6 a la embajadora británica Hayes «a fin de transmitirle el contundente rechazo del Gobierno argentino a la intención del Reino Unido de introducir nuevos actores militares en las Islas Malvinas, parte integrante del territorio argentino ilegítimamente ocupado por dicho país», según señala el comunicado.
Asimismo, se precisa que el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el subsecretario de Política Exterior, Claudo Rozencwaig, hicieron entrega de una «nota formal de protesta» a la embajadora Hayes
Los funcionarios, de acuerdo con el comunicado, manifestaron que la «iniciativa militar llevada adelante por el Reino Unido constituye una injustificada demostración de fuerza».
También, subrayaron que significa un «deliberado apartamiento de los llamamientos de numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de otros foros internacionales que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas».
Las islas Malvinas fueron usurpadas en 1833 por el Reino Unido y, pese a la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas en 1965, los británicos se niegan a sentarse a discutir la «disputa de soberanía».
En el marco de la citación, los funcionarios señalaron que la iniciativa «contraviene específicamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando el proceso de negociación recomendado por la misma Asamblea».
«De igual manera -apunta el comunicado-, contraviene la Resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en esta región».
Asimismo, Carmona y Rozencwaig agregaron que la «presencia militar extra regional en las Islas se contrapone categóricamente con la permanente voluntad de la República Argentina de resolver la controversia por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas».
En paralelo, reafirmaron «una vez más la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que forman parte integrante del territorio nacional de la República Argentina y, estando ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte».
En ese marco, los funcionarios recordaron que las Malvinas «son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 y posteriores de la Asamblea General, así como de otras organizaciones y foros internacionales, y reiteraron la disposición del Gobierno argentino de reanudar las negociaciones para resolver de forma pacífica la disputa».
Fuente Telam
