Politica

Juez uruguayo rechazó habeas corpus de “Pepín” Simón y podría ser detenido

Fabián Rodríguez Simón pidió asilo a Uruguay y la justicia argentina lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional; la orden de Interpol aún no ha llegado.

El juez penal Marcelo Malvar rechazó el habeas corpus (calidad de refugiado político)) pedido por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex jerarca del gobierno de Mauricio Macri y ahora podría ser detenido, informaron fuentes judiciales a El País.

El fiscal Pablo Rivas se opuso al otorgamiento del habeas corpus señalando que “Pepín” no demostró que su libertad corre riesgo de ser limitada o que en su país no hay un Estado de Derecho.
Y agregó que todavía no llegó a Uruguay el pedido de detención de la jueza María Servini, quien había citado a “Pepín” en calidad de indagado en el marco de una investigación sobre eventuales actos arbitrarios durante el gobierno de Macri.

En una rueda de prensa, el vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, había indicado que para que hiciera lugar a su pedido, exjerarca argentino tenía que demostrar ante el magistrado que corre riesgo de perder la libertad. “Si la persona logra demostrar eso, entonces el juez la protegerá con el habeas corpus. Si no, la figura no se permite su aplicación y, por lo tanto, esa persona no será amparada en esa situación”, había explicado.

Otras fuentes señalaron a El País que la figura del habeas corpus corresponde cuando una administración incurre en una acción ilegal que genera, a su vez, una detención ilícita.
Desde Argentina se afirma que ya se realizó el pedido de detención internacional y ahora Interpol espera que en días arribe al país la orden de captura contra “Pepín”, la que hoy es procesada por la sede de dicha policía ubicada en Francia. Una vez que llegue, al no estar protegido por el recurso, podría ser detenido.

Según las fuentes, “Pepín” no puede extrapolar el miedo que siente de ser detenido en Argentina, a Uruguay. Y agregaron que, en territorio uruguayo, todavía no existe ninguna acción estatal que pueda restringir su libertad ambulatoria.

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