Los 33 jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela designados en julio pasado por la mayoría opositora del parlamento están presos, exiliados, refugiados en embajadas extranjeras o en la clandestinidad, desde donde buscan denunciar internacionalmente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y los diputados que los nombraron admiten que tienen «miedo» a represalias del oficialismo.
«Esta persecución a los magistrados evidencia que en Venezuela pasamos de una democracia signada por el autoritarismo a un régimen con claros visos dictatoriales», afirmó la diputada opositora y abogada Tamara Adrián.
«Nosotros cumplimos con lo establecido en la Constitución y designamos a los magistrados; era una deuda que teníamos con el país», explicó Adrián, en conversación con Télam.
Esos 33 jueces -13 titulares y 20 suplentes- fueron nombrados para reemplazar a los designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría chavista saliente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) en un procedimiento que la oposición juzgó irregular.
