Juan Carlos Ayala sin el pan y sin la torta, lo removieron del Registro del Automotor de Barranqueras
Juan Carlos Ayala era interventor de un Registro de la Propiedad Automotor de Barranqueras. Fue removido de ese cargo por irregularidades con fondos.
La medida fue tomada por Carlos Gustavo Walter, titular de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, mediante una disposición dictada el viernes de la semana pasada. En ella se detallan las anomalías detectadas por una auditoría que llegó a Barranqueras a fin de revisar las rendiciones de ingresos que efectuaba el dirigente justicialista.
Números discordantes
La disposición federal habla de una auditoría integral realizada en los registros y se indica que ella “arrojó irregularidades de carácter técnico registral que se vinculan a la errónea percepción de aranceles, entre otras, y de especial entidad incumplimiento de las normas contenidas en el Convenio de Complementación de Servicios vigente”.
Al respecto precisa que una vez controlados los depósitos y declaraciones juradas del período enero de 2015 a enero de 2017 se determinó que los pagos a favor del organismo recaudador fueron realizados en su gran mayoría fuera del plazo establecido en el referido convenio, abonando importes en concepto de mora”.
A ello suma “el comportamiento advertido por los meses de septiembre y octubre de 2015 toda vez que se comprobó que el señor Ayala no efectuó el depósito de las recaudaciones, procediendo a suscribir plan de pago por un total de 760.376,65 pesos en doce cuotas, con los intereses y punitorios, que a la fecha del control se encontraba cancelado”.
Otros puntos
El reporte dice que también se verificó “falta de coincidencia entre el sistema de cálculo para el cobro del Impuesto de Sellos de la Administración Tributaria Provincial y los montos de sellado incluidos con los aranceles en el recibo que emite SURA”, y que de ese modo “arrojó durante el período enero de 2015 a diciembre de 2016 una diferencia en defecto de 194.707,63 pesos, monto respecto del cual el señor Ayala solicitó nuevo plan de pagos, también en doce cuotas”.
“Conductas como la constatada perjudican a esta Dirección Nacional desnaturalizando los objetivos perseguidos por las partes al celebrar el citado convenio, amén de exponer patrimonialmente a la propia cartera de Justicia ante eventuales reclamos de carácter pecuniario que podrían articularse por las sumas adeudadas a las rentas del estado provincial”, advierte la disposición en sus considerandos.
En cuanto al destino de Ayala, dice que “el actuar seguido por el interventor deviene inadmisible para un funcionario público, generando en el seno de la administración una atendible falta de confianza, presupuesto insoslayable para el cumplimiento de la función asignada”. El instrumento, además de remover a Ayala, designa como sucesor a Pablo Enrique Ruskonis
