La medida cautelar dictada por el juez federal de Mar del Plata Alfredo López que suspendía aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue dejada hoy sin efecto, luego de que el magistrado que quedó a cargo de la causa tras su recusación hiciera lugar a una apelación presentada en ese sentido por el Estado nacional, informaron hoy fuentes judiciales.
El titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, Santiago Martín, concedió este recurso tras la presentación realizada por el Estado, y de ese modo revocó la resolución firmada el último 7 de junio por López, que suspendía la IVE en hospitales nacionales.
Martín tomó esa medida tras haber quedado a cargo de la causa, luego de que el Estado solicitara además la recusación de López por considerar que no podía garantizar imparcialidad en el expediente, iniciado a partir de una presentación realizada por Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la ciudad, para que se dictara su inconstitucionalidad.
Concedida la apelación con «efecto suspensivo», deberá expedirse al respecto la Cámara Federal de Apelaciones marplatense, que también debe resolver el planteo de recusación.
La resolución
En su resolución, Martín consideró que la cautelar de López suspendía «todo un cuerpo normativo, integrado por la ley en su totalidad, protocolos y resoluciones, vinculadas directamente a políticas de salud y de género del Estado Nacional, y conlleva (entre otros efectos) la interrupción de la atención y cobertura de salud que dicha ley dispone con alcance nacional».
«Por lo tanto, considerando el alcance asignado a la medida cautelar, los efectos que la misma conlleva, la relevancia institucional que tiene la ley cuestionada y por lo tanto la medida aquí apelada, los sensibles derechos constitucionales comprometidos en este proceso, y los demás argumentos ya esgrimidos, es que habré de conceder el recurso de apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar», explicó.
Tras los recursos de apelación y recusación presentados días atrás por el Estado nacional, se incorporaron además como terceros interesados en el expediente Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación Mujeres por Mujeres.
