Irregularidades y ausencia de pruebas atraviesan las causas centrales del ‘lawfare’

En el proceso por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharon el desafío de la principal imputada, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “¿Preguntas?, preguntas tienen que responder ustedes”.

Fue mucho más que una bravata. La causa llegó a juicio con una acusación de irregularidades y sobreprecios que fueron rebatidos por testigos, incluso testigos de cargo. Los valores pagados por las obras adjudicadas a la constructora de Lázaro Báez fueron los de mercado; el índice de incumplimiento, menor al 0,2 por ciento.

En el juicio oral por una supuesta maniobra económico-impositiva de la empresa Oil Combustibles, la refutación de la acusación es demoledora. Mediáticamente se instaló que los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa se habían quedado con 8000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. En rigor, lo que había era una deuda por el 25% de esa cifra. Pero más del 70% de la deuda real ya se había pagado.

Sin embargo, ambos pasaron dos años en prisión, por disposición del juez Julián Ercolini. En 2018, los camaristas Jorge Ballestero y Carlos Farah concedieron la excarcelación. Ballestero fue empujado a jubilarse y Farah marchó al ostracismo de un tribunal oral bonaerense. Ercolini sigue en su cargo.

El empresario Oscar Lascurain y el exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna fueron condenados por una avenida que no se terminó de construir. Durante el juicio oral explicaron que la obra no se concluyó porque cuando asumió el gobierno de Cambiemos canceló el financiamiento.

“Si yo hubiera tenido plata de la Municipalidad la obra estaría lista. Pero no tenía el dinero”, explicó. Afectado por una enfermedad pulmonar que lo obliga a utilizar un aparatoso dispositivo para respirar, terminó en una celda de una cárcel común.

El juicio conocido como “Ruta del dinero” está cerca de terminar y todo indica que el empresario Lázaro Báez será condenado. En su indagatoria denunció que poco después de ser detenido, en circunstancias difíciles de comprender, se le acercó una abogada con presuntos vínculos con servicios de inteligencia. “Si yo colaboraba recuperaría mis empresas, mis bienes y mi libertad. A cambio, tenía que decir que yo era el testaferro de la familia Kirchner”. No lo dijo y sigue preso (desde septiembre pasado en domiciliaria).

La acusación se basa en buena medida sobre el relato como arrepentido del financista Leonardo Fariña, quien llevaba dos años preso. Declaró contra Báez y recuperó la libertad. Su propia abogada denunció que fue “guionado”, pero Fariña lo niega. Asegura que su arrepentimiento fue genuino.

La dirigente social jujeña Milagro Sala fue detenida por una acampada de protesta. Por ese hecho, que es una contravención (no un delito), ni siquiera fue condenada: el juicio fue anulado. Sala fue primero detenida y luego le buscaron las causas. Hace cinco años que está presa. Dos jueces del Tribunal Superior jujeño son los mismos que la acusaron como legisladores. Fueron designados por el gobernador Gerardo Morales, uno de los que denunció a la líder de la Tupac Amaru.

El presidente, Alberto Fernández no tiene relación con Amado Boudou. Sus allegados aseguran que no lo quiere nada. Sin embargo y pese a ello, expresó que también la condena en su contra no fue consecuencia de un juicio justo.

Dólar futuro irá a juicio probablemente a fines de 2021, pese a que un peritaje demostró que no hubo perjuicio contra el Estado causado por los imputados. En ese expediente, el difunto Claudio Bonadio decidió cuál era el precio del dólar blue. Hasta donde se sabe, Bonadio no era economista.

Bonadio fue responsable indirecto de la muerte del excanciller Héctor Timerman. Lo procesó y así impidió que viajara a Estados Unidos para continuar su tratamiento contra un cáncer. Bonadio siempre se negó a escuchar al extitular de Interpol Ronald Noble, quien desmintió la denuncia del fiscal Alberto Nisman en la “Causa Memorando”. Ahora fue aceptado su testimonio, pero Timerman está muerto y la causa, camino a juicio oral.

En Cuadernos, la Cámara de Casación avaló a todos los arrepentidos, aun cuando – contrariamente a lo que establece la ley, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri – ningún arrepentimiento fue registrado por un “medio técnico idóneo”. La decisión definitiva sobre la validez de esos arrepentimientos la tendrá el Tribunal Oral Federal Nº7, que está integrado por el juez Germán Castelli, quien –según la Corte Suprema– no debió estar allí.

En la causa GNL, la importación de gas natural licuado, por la que estuvo preso el exministro de Planificación Julio De Vido, el primer procesamiento se basó en un peritaje de David Cohen, hoy procesado y camino a juicio oral por falso testimonio, justamente por ese peritaje, que se reveló “trucho”.

Cuando la causa se caía, apareció un testigo que la revivió. Por entonces no era muy conocido, pero el tiempo y sus propias conductas le dieron relevancia: Marcelo D’Alessio.