La Justicia Electoral de los 24 distritos del país y los fiscales de todas las fuerzas políticas iniciaron el escrutinio definitivo de los comicios del pasado domingo, en los que Alberto Fernández, del Frente de Todos, fue electo Presidente de la Nación.
El recuento de votos, que para la categoría de Presidente y Vicepresidente de la Nación deberá haber concluido en no más de 10 días, será el único con validez legal para establecer el resultado y reemplazará al realizado provisoriamente por el Correo Central y la empresa Smartmatic.
Por otra parte, si bien es obligatorio una demora menor a 10 días para el caso de la elección del Jefe de Estado, podría darse que el recuento tarde algunos días más para otras categorías, como diputados y senadores nacionales o la de gobernador de la provincia de Buenos Aires.
En las PASO del 11 de agosto el recuento definitivo demoró hasta 15 días en algunos distritos electorales, aunque en aquella oportunidad fue necesario procesar más listas que en las elecciones de este domingo y no corría el plazo máximo establecido por el Código Nacional Electoral.
El desempeño de Smatmatic, que ganó la licitación para encargarse del escrutinio provisorio, estará en la mira de los fiscales de los partidos políticos de la oposición, que iniciaron el escrutinio a las 18 de ayer en las diversas dependencias establecidas en cada uno de los distritos electorales.
Previo a las elecciones, distintos frentes electorales habían expresado cuestionamientos y dudas sobre la transmisión de los telegramas a cargo de la empresa, en la noche del domingo.
«Una vez que dispongamos de esas cifras, las cotejaremos con las que ha hecho conocer el gobierno nacional a través de Smartmatic, el Correo, etcétera. Si de ese cotejo surgen inconsistencias, haremos las presentaciones judiciales correspondientes», anticipó hoy el cuerpo de apoderados del Frente de Todos, que encabeza Jorge Landau, a través de un comunicado.
En esa línea dijeron que no harán «comentarios sobre el tráfico de datos que circulan en las redes sociales», que hablan de un mal manejo de información, y que continuarán auditando a través de su equipo de informáticos pese a no confiar «en la información proporcionada por el gobierno y tampoco de las conclusiones emanadas de esos datos».
