Imputaron a Alberto Fernández en la causa por el escándalo de los contratos de seguros
El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación penal contra el expresidente Alberto Fernández por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, marido de una de sus secretarias.
El fiscal se pronunció así ante la consulta del juez federal Julián Ercolini sobre la denuncia de la abogada Silvina Martínez presentada en la víspera.
González le respondió al juez: «Tenga por efectuado el correspondiente requerimiento de instrucción e impulsada la acción penal por parte de este Ministerio Público, en orden al hecho descripto».
La abogada Martínez denunció a Alberto Fernández y al ex titular de Nación Seguros –la aseguradora del Banco Nación- Alberto Pagliano por la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados.
La denunciante pidió que se investigue «la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos».
El escrito describe, sobre la base de una investigación periodística, la supuesta «trama de contrataciones opacas con el rubro seguro, actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política».
«Dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios», sostiene la denuncia.
«Nación Seguros subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales», abundó.
La denuncia apunta a que el «intermediario» era Pablo Torres García, «un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero».
El fiscal González reclamó como medidas de prueba que «se solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación que tenga a bien aportar los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021», que dispuso la contratación de los seguros.
«Puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios», añadió.
Según el fiscal, «la Superintendencia de Seguros de la Nación puede aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones».
En ese contexto, reclamó que «se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante».
