Se incrementarán los requisitos a cumplimentar, previo al otorgamiento de personería jurídica y en el posterior funcionamiento de la organización. Se busca fortalecer la capacidad de control y fiscalización por parte del Estado para evitar fraudes. Además, se profundizará la participación ciudadana y la posibilidad de que denuncien irregularidades.
El gobierno provincial anunció una serie de medidas para garantizar mayor transparencia en la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales, fundaciones y cooperativas con personería jurídica que constituyan la economía social, solidaria y popular de la provincia. “Es necesario tener un marco regulatorio para fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado y garantizar transparencia en el funcionamiento de estas organizaciones”, dijo el gobernador Jorge Capitanich tras presentar el Decreto N°1.821, donde se detallan cada una de las medidas a implementar.
Explicó que el otorgamiento de personería, autorizaciones y fiscalización vigente, debe complementarse con otras medidas previas a la concesión y permanentes durante el funcionamiento de las entidades, que atañen también a las y los integrantes, garantizando el control patrimonial personal, antecedentes penales y publicidad de los actos. “Pretendemos evitar así que existan personas que usen a las organizaciones como pantalla para el acrecentamiento patrimonial individual, explotando a las y los trabajadores”, apuntó.
En primer lugar, el decreto exige a las personas físicas que constituyan y/o sean miembros de asociaciones civiles, fundaciones o cooperativas de trabajo, la presentación de: Certificación del Registro Único de Personas Violentas (RUPV), Certificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (ReDAM), Certificación del Tribunal de Cuentas y Declaración Jurada Patrimonial. “Lo hacemos, por ejemplo, para garantizar que las organizaciones, previo a su constitución, no estén integradas por personas violentas que se amparen en las mismas”, dijo al respecto el mandatario.
En segundo lugar, la nueva normativa requerirá la actualización de datos de todas las asociaciones civiles, fundaciones y mutuales a través de la Inspección General de Personas Jurídicas. La actualización será obligatoria, por medio digital, de acceso público para conocimiento e información de la ciudadanía, a fin de fiscalizar el funcionamiento y administración de todas las personas jurídicas.
“Cualquier persona podrá, por plataforma digital, saber qué hace cada organización, legitimando así un régimen de transparencia con participación social y popular”, explicó Capitanich.
En tercer lugar, se autorizará al organismo de contralor a disponer la suspensión y/o pérdida de la concesión de la personería jurídica otorgada a quienes incumplan con las obligaciones y responsabilidades impuestas. “En tal línea, el Ejecutivo ha tomado debida nota de las intervenciones a fundaciones que manejan patrimonio social, el que será devuelto al Estado; nadie se lleva lo que no le corresponde y si lo hace tendrá la penalización correspondiente”, enfatizó el gobernador.
Denuncias y reclamos
En cuarto lugar, se creará un organismo de recepción y seguimiento de reclamos y denuncias de hechos que refieren irregularidades que podrían constituir ilícitos penales y administrativos, de socios, terceros y/o beneficiarios de una entidad civil. En esos casos, se arbitrarán las medidas judiciales y administrativas que correspondan para contribuir a la seguridad jurídica y a la protección de las personas.
Así, la ciudadanía podrá efectuar denuncias para informar retenciones indebidas de planes sociales, venta ilegal de bienes del estado y/o desvío de fondos de subsidios a través de las comisarías existentes, pero también mediante la línea pública, gratuita y confidencial 0800 888 9222, por internet mediante TU GOBIERNO DIGITAL o en forma presencial a través del Centro de Gestión de la Secretaría General de Gobernación. Por otro lado, Capitanich comentó que se elevó el monto mínimo que debe acreditar una organización para evitar una proliferación de las mismas, que impida un control eficaz por parte del Estado.
Además, recordó que el Gobierno suscribió un convenio con el Consejo de Ciencias Económicas para establecer mecanismos de certificación de estados contables y para la realización de auditorías técnicas que refuercen el sistema de control. “Con la participación de organismos competentes estamos fortaleciendo aún más las exigencias de fiscalización”, añadió.
“En las reuniones que hacemos con vecinos sobre temas de agenda pública nos han pedido este tipo de unidades para denuncias y reclamos. Escuchamos las demandas de nuestro pueblo y aportamos por ello esta herramienta para construir un régimen cada vez más transparente con igualdad de trato y de oportunidades para hacer de Chaco una provincia inclusiva, solidaria y en desarrollo”, sostuvo el gobernador.
Estuvieron presentes en la presentación de las nuevas medidas, el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo; la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, la ministra de Desarrollo Social, Pía Chiacchio Cavana; el inspector de Personería Jurídica, Eduardo Colombo; el presidente del IAFEP, Mauricio Andión; los diputados Luis Obeid, Rodrigo Ocampo y Mariela Quirós.
