Impuesto a la riqueza: el kirchnerismo anunció que le hará modificaciones al proyecto para evitar que se pueda eludir el pago

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, finalmente no participó del debate del impuesto a la riqueza en Diputados pero envió un informe según el cual 9.298 contribuyentes con bienes por más de $200 millones estarán alcanzados por esta contribución extraordinaria que se pagará por única vez si se convierte en ley el proyecto que impulsa el Frente de Todos. Según leyó el titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, la recaudación potencial estimada sería de $307.000 millones lo que equivale a un punto porcentual del PBI.

El diputado anunció que se evalúa agregar una aclaración para que se compute para el pago del aporte a aquellos sujetos que en los últimos 180 días hayan operado variaciones que “hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago”. Los 180 días hacen referencia al tiempo que lleva en debate en la opinión pública el impuesto.

También se haría una corrección para que paguen los no residentes que tienen bienes en el país a través de personas jurídicas “para ser lo menos arbitrarios entre residentes y no residentes”. Aunque dijo que no quería hacer nombres, habló sobre “empresas que están en el país y sus dueños cambiaron de residencia”.

El nuevo texto de la ley diría: “Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las acciones o participaciones en el capital de sociedades regidas por la Ley General de Sociedades Nº 19.550, t.o. 1984 y sus modificaciones, que pertenezcan a sociedades, empresas, establecimientos permanentes, patrimonios de afectación, explotaciones u otro ente de cualquier tipo, constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior, o bajo régimen legal extranjero, pertenecen de manera indirecta de personas humanas residentes en el exterior o a sucesiones indivisas allí radicadas, a estos efectos, ese sujeto deberá designar ante AFIP un responsable por el ingreso del aporte de esta Ley por su tenencia accionaria. En caso de no designar ningún responsable, el encargado de la determinación e ingreso del aporte será la sociedad emisora de esas acciones o participaciones”.

También se incorporaría una nueva redacción que impone el pago a “las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el Título VI de la Ley 23.966 texto ordenado 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.

La estimación se hizo sobre las 888.631 personas humanas y sucesiones indivisas que presentaron Declaración Jurada. Pero como no todos los contribuyentes hicieron su presentación en tiempo y forma, el organismo realizó una actualización sobre las declaraciones de años anteriores. De ese universo, 7.438 personas declararon poseer bienes por más de $200 millones mientras que otras 1.860 podrían pagar el aporte según la actualización realizada por AFIP. Esas 7.438 personas concentran el 49,2% de los bienes declarados en Argentina y en el exterior.

Otro dato que arroja el informe de la agencia de recaudación consigna que 253 personas declararon bienes personales por más de $3.000 millones y por lo tanto su aporte, en promedio de $600 millones, será del 50% del total. Quienes declararon entre 200 y 600 millones pagarían en promedio $6 millones.

En el inicio del debate Heller avisó que el oficialismo no apuraría el dictamen ya que intentará ampliar la base de apoyo y compartirá el nuevo texto con los diputados integrantes de la comisión. Juntos por el Cambio redacta un dictamen de rechazo aunque analizará algunas de las modificaciones al proyecto original que de todos modos por lo expuesto hoy no conforman a la principal bancada opositora.

La comisión volverá a reunirse mañana para escuchar la exposición del ministro de Hacienda Martín Guzmán, quien defenderá el proyecto de Presupuesto 2021 y recién el viernes a las 15 retomarán el debate sobre el impuesto ideado por Máximo Kirchner y Carlos Heller.

Uno de los cambios fue explicitar en el texto que la ley regirá a partir de su entrada en vigencia y no con fecha 31 de diciembre del 2019. “La retroactividad era inconstitucional”, celebró Luis Pastori, de la UCR. El diputado misionero también indicó que “el nombre no es un tema menor” en referencia a que Juntos por el Cambio considera que se trata de “un impuesto” y no de “un aporte”.

Pastori anticipó que el interbloque rechaza, como lo hizo la semana pasada, gran parte de lo planteado por el Aporte Solidario Extraordinario pero que de todos modos esperarán el nuevo texto, corregido, que prometió Heller. Recién después confirmarán su posición.

Heller aclaró también que en el caso de los bienes rurales “se contabiliza la evaluación fiscal y no la evaluación de mercado que saben que es muy distinta”. En la pantalla con múltiples caras de los diputados conectados en forma remota se vio a Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, hacer gestos con la cabeza. “Buryaile, por más que movás la cabeza sabés que es así; si no, mostrame tu declaración jurada y vas a ver que es así”, le dijo riéndose el diputado cooperativista. Buryaile también se rió y lo mismo hizo Pastori.

“Esto es un nuevo impuesto, está bueno que no demos vuelta las cosas de manera semántica. Esto es compulsivo”, remarcó la diputada Carmen Polledo, del PRO. Y aseguró que “no defendemos a los más ricos”.

En línea con Heller, la diputada cristinista y economista Fernanda Vallejos buscó mostrar que el impuesto a las grandes fortunas alcanzará “a un universo de personas privilegiadas” y enfatizó que “menos del 0,02% de los argentinos pagarán este aporte”. Vallejos habló de “la herencia macrista” para cuestionar el rechazo de Juntos por el Cambio. Dijo que producto de las políticas de la gestión de Mauricio Macri hay 40% de pobreza y “es escandaloso el avance de la desigualdad”. Y aunque señaló que “la diputada me merece respeto” y “que no tengo por qué desconfiar de sus intenciones”, le pidió “reflexionar” sobre el apoyo a una ley.

Por su parte Luciano Laspina advirtió que “no es un tema cualitativo, no es si violamos los derechos de una persona o de miles, de tres jueces o de miles, el argumento no puede ser que afectó a pocas personas”. “Es una falacia muy peligrosa, el Estado de derecho no se puede violentar ni siquiera contra una persona, ni contra quien sea más rico”, remarcó Laspina. Y agregó que “es una pésima idea en este contexto” el cobro a los no residentes y que desalienta la llegada de inversiones.

El diputado del PRO, que tuvo un duro cruce con Heller, criticó en duros términos una idea con la que “vamos a ahogar al sector privado y a perseguir al empresariado nacional”. “Como queremos ser una alternativa de gobierno cuando todo esto fracase, queremos estar bien plantados y queremos decirle a la sociedad que hay otro camino, el respeto constitucional, el empleo, la inversión privada, la seguridad jurídica. No es defender a los ricos, es defender a los argentinos de bien que necesitan empresarios, necesitan inversión privada y empresarios que se queden en el país y no que se vayan. Hay otro camino, lo vamos a recuperar”, subrayó para anticipar el voto en contra.

Desde Entre Ríos la peronista Blanca Osuna también apeló a la “herencia” y leyó una extensa lista con los nombres y sedes de empresas que cerraron en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. Y Heller defendió su derecho a aclarar y hacer comentarios tras algunas intervenciones: “No soy solo presidente de la comisión, soy autor del proyecto, este proyecto lleva mi firma”, consideró antes de que lo defendiera también el ex gobernador riojano Sergio Casas, quien a la inversa de lo dicho por los diputados de Juntos por el Cambio les reprochó “no dar un debate serio y necesario”.

En el mismo debate y a pesar de las diferencias y discusiones previas, el Frente de Todos logró acompañamiento de Juntos por el Cambio para el proyecto de ley que prohíbe que el Estado otorgue beneficios a empresas con domicilio tributario en los llamados “paraísos fiscales” y también a aquellas con probada evasión fiscal. El texto establece que se excluirá de los auxilios financieros estatales “a las empresas registradas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.

En la votación de comisión a viva voz el proyecto tuvo 46 votos de los 49 presentes. Si hay sesión, podría tener sanción esta misma semana en el recinto.