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Formosa: la Corte le pide a Insfrán que informe si cerró los centros de aislamiento

La Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó a la provincia de Formosa para que informe en un plazo de tres días si cerró o no los centros de aislamiento cuestionados, y también que notifique qué protocolos siguen las autoridades.

En ese marco, exhortó al gobernador Gildo Insfran que control sanitario sea “con arreglo a los estándares constitucionales”.

Puntualmente, los ministros de la Corte piden saber si “el Centro de Atención Sanitaria ubicado en el ‘Estadio Polideportivo Cincuentenario’ ha sido desactivado de manera definitiva, o si se trata de una resolución condicionada a la reducción en el nivel de contagios” y, en tal caso, “bajo qué pautas se procedería a su reapertura” y “si subsisten en actividad otros centros de internación que funcionen bajo las mismas condiciones” que las referidas por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Formosa respecto del Estadio Polideportivo Cincuentenario.

Además, buscan saber si cumplen con “los protocolos para la protección de derechos humanos que deben respetar las autoridades provinciales que controlan y aplican la regulación sanitaria, incluso respecto de quienes cumplan cuarentenas domiciliarias”.

Además, el máximo tribunal exhortó al gobierno de la Provincia de Formosa “sobre la necesidad de llevar a cabo el control y prevención de la propagación del virus COVID–19 con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos, así como también acerca del deber impostergable que pesa sobre los tribunales de justicia de todo el país, en el marco de sus respectivas competencias, de brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido ya vulnerados”.

El gobierno de Formosa viene siendo denunciado por el tratamiento de las medidas preventivas durante la pandemia. Miles de habitantes oriundos de la provincia habían sido impedidos de reingresar a la provincia desde que se decretó el ASPO. Más tarde, se denunció que en el centro de atención sanitaria se encuentran no solo pacientes con COVID-19, sino también personas que aún no recibieron el resultado de su hisopado. Allí no había distanciamiento entre sanos y contagiados y que hasta compartían el mismo baño. La APDH formalizó también denuncias por esta situación.

El 19 de noviembre, la Corte falló en contra de Gildo Insfrán y a favor de los formoseños varados que aún no pudieron regresar a su provincia desde el inicio de la pandemia. Amnistía Internacional había denunciado que eran más de 7.500 las personas que reclamaban el regreso a sus casas mientras las autoridades locales no lo permitían

Ahora, la causa llego a la Corte Suprema por un planteo de competencia: un pedido de hábeas corpus presentado por el senador radical Naidenoff, en donde se debate si los magistrados designados por Gildo Insfrán deben tratar -o no- la cuestionada estrategia sanitaria que se ejecutó para aplacar los efectos del COVID-19. La base del habeas corpus es en nombre de personas adultas y menores, que se hallan alojadas en los centros de aislamiento por COVID 19 existentes en la provincia, las que recibirían un trato inhumano por parte de las autoridades locales que gestionan dichos establecimientos.

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