Fallo de la Corte: el Gobierno Nacional deberá pagarle a San Luis 15 mil millones de pesos en concepto de coparticipación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló hoy favor de la provincia de San Luis, que reclamaba al gobierno nacional unos $15.000 millones de la coparticipación de impuestos. La sentencia es una secuela de la que el Máximo Tribunal dictó en noviembre de 2015, que consideró inconstitucional la detracción de impuestos a las provincias para financiar a la Anses y la AFIP que, según reclamó el gobierno puntano, la Nación no cumplió.
La decisión fue tomada por mayoría, con los votos de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir por haber sido abogado de otra provincia que mantiene un reclamo similar, pero por una suma mayor. Por su parte la jueza Elena Highton de Nolasco no votó.
Según publica el diario La Nación, el antecedente inmediato de esta controversia por los fondos coparticipables se remonta al 24 de noviembre de 2015 cuando la Corte Suprema de Justicia -con otra integración- recibió al gobierno de Mauricio Macri con una sentencia en la que hizo lugar a un reclamo de fondos coparticipables de la provincia de Córdoba, Santa Fe y San Luis.
La sentencia obligaba al Poder Ejecutivo Nacional a restituir a las provincias fondos coparticipables que tenían como destino el ANSES. La Corte hizo lugar al reclamo sobre la base de un artículo de la ley de presupuesto del 2006 que disponía una prórroga unilateral de la detractación del 15 % de los fondos coparticipables.
Al dejar el Gobierno Cristina Kirchner, por decreto, extendió esta obligación de devolver fondos coparticipables a todo el país, una herencia que debía cumplir el gobierno de Mauricio Macri.
Pero como se trataba de un decreto quedó sin efecto, si quedó en pie el reclamo de estas provincias, que tenían un fallo de la Corte en su favor.
En estos 3 años, Córdoba acordó el monto y el modo en que iba a percibir esos fondos del Estado Nacional, pero Santa Fe y San Luis no se pusieron de acuerdo con la Nación. Al punto tal que recurrieron nuevamente a la Corte, y esta vez el máximo tribunal falló sobre el caso San Luis.
Los jueces de la Corte Suprema hicieron un cálculo económico de cuánto correspondía pagar y le dieron la razón a San Luis para que cobre unos 15.000 millones de pesos. La Corte no estableció el modo en que se iba a pagar ni el plazo, pero con la demora que lleva el caso, debería ser más pronto que tarde.
Si bien en estos tiempos de escases y déficit fiscal, una suma de 15.000 millones de pesos es cuantiosa, lo peor está por venir, ya que la Corte Suprema de Justicia se apresta a dictar otro fallo por un reclamo similar de Santa Fe que no logró acordar con el gobierno nacional. Y el monto en juego es tres veces superior al de San Luis, dijeron fuentes de la Corte.
El monto demandado inicialmente era de 75.000 millones de pesos pero la provincia reclama una actualización que elevaría esa cifra mucho más.
“Hemos considerado agotados todos los plazos, hemos tenido paciencia y hemos aceptado toda las instancias de negociación”, criticó a fines del año pasado el gobernador Miguel Lifschitz , a la vez que deslizó cierto favoritismo de la Casa Rosada hacia los gobernadores del mismo signo político de Mauricio Macri: “Si fuéramos de Cambiemos ya hubiéramos obtenidos esos fondos”, afirmó.
Lifschitz explicó que el plazo que la Corte le dio al Gobierno “se sobrepasó en exceso” y que durante ese tiempo “no llegamos a un acuerdo razonable”. Por lo tanto, agregó, esta vez “le solicitamos a la Corte que ponga una fecha perentoria, establezca el monto actualizado de la deuda, la forma de pago e intime al gobierno nacional a cumplir” con su obligación.
“Uno de los grandes hospitales de alta complejidad que estamos inaugurando como el de Venado Tuerto cuestan $ 2.000 millones, así que estamos hablando de 50 hospitales de los más complejos”, comparó el mandatario que se quejó.
“Pasaron tres años sin que se cumpla el fallo de la Corte (que fija que el Gobierno nacional debe devolver los fondos). Hemos tenido paciencia, hemos sido tolerantes, aceptamos que durante el primer año de gestión (de Cambiemos) debíamos acompañar el esfuerzo del Gobierno para ordenar las cuentas, recién en 2017 se comenzaron a entablar negociaciones, no logramos grandes avances, aun así logramos que en el acuerdo que firmaron 23 provincias con el gobierno en noviembre de 2017 se incluyera una cláusula especial en las que nos comprometíamos a encontrar una solución antes de marzo”, detalló Lifschitz. Pero nunca hubo acuerdo.
FUENTE LA NACIÓN
