En menos de 90 días hubo tres allanamientos a Casa de Gobierno
Más concretamente se concretó el tercer allanamiento, el segundo realizado por Gendarmería Nacional, a Casa de Gobierno para buscar pruebas relevantes relacionadas con la investigación que hoy se conoce como Megacausa I.
Y no faltó mucho para que la jueza Zunilda Niremperger ordenara la detención del ministro de Infraestructura, Ernesto Fabián Echezarreta, pero el paso del tiempo favoreció al funcionario que de momento sigue en libertad.
Ahora la decisión de la magistrada Niremperger podría implicar un problema a la hora de enfrentar los pedidos que presentarían el resto de los imputados.
Por ejemplo la próxima semana la diputada Aída Ayala, acusada del mismo delito, podrá exponer a su favor parte de los argumentos jurídicos que usó la magistrada para resolver que el ministro quede en libertad.
Por fuera del alegato jurídico se sabe que para la jueza no existen elementos que permitan ordenar la detención y ayer no se pudo demostrar que el ministro trate de destruir pruebas concretas.
LA DENUNCIA
El procedimiento de ayer comenzó con la denuncia que realizó el fiscal federal, Patricio Sabadini, que reclamó la rápida intervención ante la versión de que el ministro y otros funcionarios estaban vaciando oficinas y destruyendo hojas.
Inmediatamente Gendarmería Nacional arribó a Casa de Gobierno y en efecto encontró al ministro pero no estaba quemando papeles sino que tomaba unos mates con funcionarios de su gabinete. Horas después sólo secuestraron carpetas, computadoras y elementos.
Visión oficialista
Fuentes allegadas al gobierno provincial indicaron que “frente a la dimensión que ha tomado los requerimientos de la Justicia y los allanamientos consideran que sería prudente establecer si la obras fueron hechas o si hubo sobreprecios”.
“En el caso de que se prueben las sospechas los responsables deberán pagar las consecuencias”, destacó una de las fuentes consultadas luego de que se produjera el tercer allanamiento.
La Megacausa I investiga a exfuncionarios del gobierno provincial por lavado de dinero que fueron recaudados con un esquema complejo.