Empleados públicos de la provincia cobraban el plan Potenciar Trabajo: ya interviene la Justicia
Guillermo Marijuan solicitó a fiscales de Chaco y otras jurisdicciones que se proceda a ordenar la suspensión de los planes involucrados por «incompatibilidades».
El escándalo por la posible utilización política del programa Potenciar Trabajo durante los últimos cuatro años sumó un nuevo capítulo. Según las últimas investigaciones, al menos 9.041 empleados provinciales de 20 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) estaban cobrando esta prestación, lo que constituye un hecho incompatible y potencialmente delictivo. Aún falta información de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca, pero ya se vislumbra un desfalco al Estado Nacional de aproximadamente $ 705.198.000 por mes, o casi ocho mil millones de pesos anualizados.
Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), solicitó a fiscales y magistrados provinciales que avancen con la orden para que suspendan los planes involucrados y realicen un reempadronamiento con el objetivo de hacer cesar los efectos del delito.
La provincia de Buenos Aires, liderada por Axel Kicillof, fue objeto de especial atención. Aunque se ha ordenado que cada ministerio cumpla con el mandato judicial, la implementación ha sido lenta. Hasta el momento, solo tres áreas han identificado a 2.243 personas cobrando el Potenciar Trabajo, a pesar de tener empleo formal registrado, lo que va en contra de las normativas del programa.
Aunque el número de empleados públicos cobrando irregularmente el beneficio del programa Potenciar Trabajo en Chaco no es tan abultado como en otras jurisdicciones, la provincia se encuentra en el noveno puesto en esta preocupante lista. Según los datos recabados, Chaco registra 336 empleados públicos beneficiarios del programa, lo que revela una clara incompatibilidad con las normativas establecidas.
