Emergencia agropecuaria: Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero y Chaco reciben apoyo de Nación para la asistencia a los afectados por inundaciones
El Gobierno Nacional declaró la emergencia agropecuaria para las provincias del litoral en menos de 24 horas de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios (CNEyDA) que se realizó ayer en Buenos Aires. El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, recorre hoy las zonas inundadas y supervisa la coordinación de la asistencia a los afectados.
El funcionario nacional firmó las resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial que declara el estado de “Emergencia Agropecuaria” a las provincias de Santa Fe, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, a través de las cuales se declara el estado de emergencia y/o desastre para las cuatros provincias conforme a la recomendación de la Comisión y frente a los fenómenos meteorológicos de lluvias intensas y excesos hídricos ocurridos a lo largo de este mes.
“Actuamos con la mayor celeridad posible, porque sabemos de los esfuerzos que deben encarar los productores ante este tipo de eventos climáticos para mantenerse en sus regiones y seguir produciendo. Desde el Estado estamos actuando con la mayor rapidez y a tan solo 24 horas ya declaramos la emergencia para que puedan acceder a los beneficios previstos por la Ley”, dijo el Secretario.
Y agregó que en la jornada de hoy recorrerá algunos de los municipios más comprometidos por los excesos hídricos en Villa Minetti, Santa Fe; Coronel Du Graty, Chaco; y Goya, Corrientes: “Estamos en diálogo permanente con productores, con referentes rurales y nuestros equipos técnicos en territorio y nos ponemos a disposición para canalizar las ayudas necesarias”.
Las declaraciones nacionales contemplan períodos aún mayores que los decretos provinciales de Corrientes, Chaco y Santa Fe. En el caso de las dos primeras provincias mencionadas, duplican el periodo de emergencia y/o desastre, en Santa Fe se prolonga 4 meses más; en tanto en Santiago del Estero, se estableció el mismo plazo (12 meses) que el gobierno provincial.
